Cuando en su primer discurso como presidenta Dina Boluarte afirmó que se quedaría hasta 2026, muchos reaccionaron indignados: consideraban que su gobierno debía ser uno de transición y encargado de llamar a nuevas elecciones. Luego, vinieron las manifestaciones de enero de 2023 y la impresión era que, efectivamente, el gobierno de la señora Boluarte no se sostenía. Pero llegó la calma (siempre relativa), los meses pasaron y el apremio por un cambio de gobierno se diluyó.
Hoy, de vez en cuando, se mencionan las elecciones de 2026, más que nada con interrogantes: qué partidos políticos estarán habilitados, qué candidatos se presentarán, cuáles serán las reglas que regirán en ese proceso electoral… Pero tampoco es una discusión que esté demasiado presente; más nos ocupan los temas cotidianos, desde los escándalos de la Fiscalía hasta los casos de corrupción detectados entre las autoridades de gobiernos anteriores y también cuestionamientos a las actuales.
En general, sin embargo, no parece haber mucha esperanza respecto a que un nuevo proceso electoral traiga las soluciones que el país necesita. No parece haber una renovación de las opciones entre las cuales elegir o, peor aún, estas opciones no solo traen más de lo mismo, sino que el panorama se ha ido ensombreciendo con la posibilidad de que Perú Libre y sus derivados sean los que presenten la mayor cantidad de opciones de dónde elegir, con sus promesas de que un cambio constitucional resolverá los problemas del país, cuando la actual Constitución es la que nos ha permitido el progreso económico alcanzado.
A ello se suma la idea absurda y desafortunada de que el actual es un gobierno de derecha cuando lo que tenemos es un gobierno parchado y de mediocridad, en el cual no hay ideas claras respecto al rumbo a seguir y, cuando eventualmente las hay, asoma una total incapacidad de ejecución.
La otra interrogante que surge con respecto a 2026 es cuál será el país que tendremos. Hasta ahora no ha sido capaz el gobierno de definir ni mucho menos seguir un rumbo claro hacia el crecimiento y desarrollo. No hay reacción ante el decrecimiento de la inversión privada, necesaria para generar empleo y reducir la pobreza. Tampoco hay capacidad para ejecutar la inversión pública responsabilidad especialmente de los gobiernos locales y regionales; teniendo recursos y necesitando las inversiones, son incapaces de realizarlas.
Es un gobierno que parece jugar al “muertito” con miedo a moverse, a tomar las medidas que el país urgentemente necesita. No ha sido capaz de tomar una decisión tan drástica como necesaria en el caso de Petroperú. No es capaz de combatir las mafias de la minería informal. No ha podido luchar contra la delincuencia… ¡Ni siquiera es capaz de poner orden en el caótico tráfico!
Faltan todavía dos años y medio para el cambio de gobierno. No pueden ser dos años y medio de lo mismo: temor a hacer olas.
Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.