Y es que, lejos de impulsar la generación de puestos de trabajo, su modificación del régimen de tercerización, con las ambigüedades y requerimientos extremos incluidos, resultará precisamente en lo contrario. En efecto, la norma tendrá un impacto destructivo sobre el empleo, considerando que buena parte de los trabajadores formales del país se desempeña en empresas que proveen ese tipo de servicios.