[Opinión] Nelson Shack: “El gran desafío pospandemia: La atención de la demanda educativa”

La crisis sanitaria ha colocado en la palestra de la discusión diversos aspectos de interés público, siendo uno de los más apremiantes el que atañe al ámbito educativo, pues, a pesar de los esfuerzos desplegados, el Estado no logró abarcar todo el territorio nacional y en algunos casos lo hizo de modo parcial y con severos vacíos, agravando así las brechas existentes en esta materia.

Fue a consecuencia de la imposición de las medidas de aislamiento social y en salvaguarda de la salud e integridad de los educandos que el Minedu dispuso el cierre inmediato de las escuelas, siendo que más de 6 millones de escolares que accedían a la educación pública iniciaron el año escolar a través de la estrategia de educación a distancia Aprendo en Casa.

A pesar de los esfuerzos, los porcentajes de deserción escolar se han elevado significativamente. Así, el Minedu ha estimado que 230 mil estudiantes abandonaron las clases en 2020, y que a 2021 esta cantidad se elevaría a más de 300 mil, que constituye el 15% de la matrícula nacional. Estas brechas también se han agravado para aquellos estudiantes que presentan alguna discapacidad, donde un 89% no habría accedido a la educación en el decurso de 2020. El panorama se torna más preocupante si analizamos la situación política y las consecuencias económicas que trajo consigo la pandemia. Esto último se acentuará aún más sin la adopción de medidas inmediatas relacionadas a la capacidad económica de miles de familias, cuyos hijos tendrán que migrar de la educación privada a la pública.

Lamentablemente, la estrategia Aprendo en Casa no ha cumplido a cabalidad el objetivo de llegar de manera eficiente a todo el país. Ello se desprende de diversos informes de control emitidos entre 2020 y 2021 por la Contraloría, que identificaron las deficiencias y limitaciones en diversas medidas, así como la incapacidad para brindar y mantener una educación de calidad.

La Veeduría Escolar de la Contraloría –como parte del programa de Auditores Juveniles, conformada por docentes, padres de familia y estudiantes a nivel nacional– ha expuesto que el 72% de estudiantes tiene como principales obstáculos para acceder a este programa las fallas y limitaciones en el servicio de Internet.

De igual forma, en un operativo desplegado durante 2021 para verificar la entrega de tabletas a sectores vulnerables, el 43% de escolares y docentes afirmó no haber recibido oportunamente estos equipos ni sus complementos. Sumado a ello, el plan de datos contratado por el Minedu no contaba con cobertura en algunas zonas de 14 departamentos del país.

Dicho esto, conviene reflexionar sobre el inminente retorno a las clases presenciales y la reapertura segura –en condiciones óptimas– y efectiva de las escuelas en todo el país, sin descuidar la calidad de la enseñanza, para lo cual el Estado tiene la obligación de dar atención prioritaria en esta materia, advirtiendo las deficiencias y omisiones de algunos gestores públicos con limitada visión estratégica y ejecutiva, que confluye en la ralentización de la calidad y efectividad de la educación; y buscando revertir el porcentaje de deserción como efecto de la pandemia.

Prepararnos para el retorno a las escuelas públicas, que albergarán a más de 300 mil nuevos estudiantes, precisa de medidas urgentes y eficientes, donde el factor tecnológico sea una prioridad; el acceso a Internet, un derecho garantizado para todos los estudiantes; y las capacitaciones a los docentes, una exigencia que coadyuve a su mejor desempeño.

En ese sentido, la adopción de políticas públicas y acciones para lograr una auténtica educación inclusiva y de calidad no puede postergarse, en aras del fortalecimiento de la formación de los estudiantes, futuro de nuestro país.