[OPINIÓN] Nelson Shack: “¿Cuán participativo es el presupuesto participativo?”

En una democracia participativa, los ciudadanos y ciudadanas entendemos que todos tenemos la corresponsabilidad de trabajar juntos en la construcción social de las políticas públicas.

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En esa línea, la Ley de Presupuesto Participativo en el Perú impulsa un proceso social, económico y político que permite a la sociedad civil participar en la programación presupuestal y priorización de los proyectos de inversión a nivel regional y local.

A pesar de que este proceso se ha establecido hace 20 años, a la fecha su efectividad en términos de participación y resultados en la mejora de la infraestructura pública se ha deteriorado sustancialmente.

Veamos algunas cifras del consenso con la sociedad civil: a nivel regional y local, entre 2017 y 2021, se priorizaron participativamente 19 mil inversiones por 87 mil 200 millones de soles; de ellas, solo se llegaron a ejecutar 10 mil por 70 mil 400 millones de soles. Es decir, el 44% en número y el 19% en términos de monto de las inversiones priorizadas no se ejecutaron, y de aquellas que sí, solo concluyeron 1,948 inversiones por 8 mil millones de soles durante este quinquenio.

Si consideramos las 110 mil inversiones que totalizan 316 mil millones de soles, y que tuvieron ejecución por parte de los gobiernos regionales y locales, se tiene que solo el 9% en cantidad y 18% en términos de monto han sido producto de los mecanismos de participación ciudadana.

En tales procesos, intervinieron 395 mil agentes participantes; de ellos, 69% fueron hombres y 31% mujeres. El 10% fueron jóvenes entre 18 y 30 años; el 69% adultos que tienen entre 31 y 60 años de edad y el resto adultos mayores a los 60 años. Mientras tanto, el 24% tuvo educación primaria, 53% educación secundaria y 18% educación superior.

Respecto a la participación de estos agentes, han sido dos los temas de mayor preocupación: en primer lugar, si realmente participan los pobres, puesto que para ellos los costos económicos y logísticos de participación son mayores; y el segundo, si los agentes participantes realmente representan los legítimos intereses de la colectividad o representan intereses político-partidarios.

Es posible responder empíricamente estas preocupaciones a través del análisis de información interoperable. Cruzando las bases de datos del Sistema de Focalización de Hogares y de aquellos que recibieron bonos durante la pandemia, obtenemos que, del total de agentes participantes, el 44% estaba en situación de pobreza y el 56% no.

Y, tomando en cuenta que a nivel nacional la pobreza ha estado oscilando entre el 20% y 30% en los últimos años, pareciera que, desde el punto de vista de la composición de los agentes participantes según estratos socioeconómicos, el presupuesto participativo ha sido propobre.

En segundo lugar, cruzando la base de datos del Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones, y teniendo como referencia el último el padrón electoral que gestionó la Oficina Nacional de Procesos Electorales con motivo de las elecciones regionales y municipales de 2022, obtenemos que solo el 9% de los agentes participantes ha sido candidato de elección popular. Además, el 60% de los agentes que intervinieron en el presupuesto participativo nunca estuvieron inscritos formalmente en un partido político. Pareciera, entonces, que el presupuesto participativo es proapolítico.

Considerando que nuestro país necesita espacios de diálogo y concertación inclusivos, libres de ideologías políticas y de conflictos de intereses, que conduzcan a la real gestión de medidas efectivas para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos y peruanas, particularmente de aquellos que se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad, el fortalecer el mecanismo de presupuesto participativo puede ser parte de una solución sostenible a la actual crisis por la que atravesamos.

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