Congreso de la República. (Foto: @photo.gec)
Congreso de la República. (Foto: @photo.gec)

Cuando en una semana el Consejo de Ministros aprueba la presentación de dos cuestiones de confianza, el 7 y el 14 de noviembre, sobre temas tan disímiles, se evidencia que no se busca el respaldo a una política pública sino los efectos del rehusamiento a la cuestión de confianza: la disolución del Congreso.

La institución de la cuestión de confianza como tal fue importada a nuestro presidencialismo parlamentarizado. La Constitución de 1933 estableció que la no aprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que hubiese hecho de la aprobación una cuestión de confianza, norma que se repite en las de 1979 y 1993. Sin embargo, en nuestro sistema no tiene los mismos efectos que en los regímenes parlamentarios.

La Constitución de 1979 incorporó la facultad de disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros, pero lo hizo en un Congreso bicameral y con candados que no tiene hoy, como el límite de ser utilizado solo una vez durante el mandato y mantener el Senado.

La Constitución de 1993 incorporó una cuestión de confianza obligatoria, con lo que el Congreso se expone a un forzado voto de confianza. Hemos sostenido que tal voto es innecesario en el sistema de gobierno peruano porque el presidente y su gabinete ya se encuentran en funciones. No hay investidura. La experiencia muestra que el voto tampoco supone un compromiso en el desarrollo de las políticas públicas que expone el gabinete.

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La naturaleza de nuestro presidencialismo se vio expuesta con la disolución del Congreso en 2019. El gabinete y el Congreso dejaron el poder, pero el presidente se mantuvo, con un limitadísimo control, pues el diseño institucional no prevé mecanismos de control político de la Comisión Permanente al gobierno. Esta omisión debe ser materia de una reforma constitucional a fin de no poner en riesgo la democracia que se fundamenta en la existencia del control político a los actos de poder.

El diseño del sistema de gobierno en la constitución histórica ha sido la búsqueda de un balance de poder entre Ejecutivo y Legislativo. No se ha logrado ni balance ni gobernabilidad democrática. Tal vez porque requiere ajustes, pero también demanda que los actores políticos no instrumentalicen el control.

La Encuesta de Poder muestra que la percepción de las relaciones entre estos poderes del Estado es muy mala, pero una mirada histórica y la situación de la democracia en el mundo nos muestra que puede ser peor.

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