[Opinión] Martín Naranjo: Asamblea Destituyente

Actualizado el 01/11/2021, 07:00 a. m.

La principal razón por la que, en nuestro país, la propuesta de una asamblea constituyente genera incertidumbre, inhibe la confianza, posterga planes de inversión, perjudica el crecimiento, suspende la creación de empleos y genera más pobreza es que en los países más cercanos programáticamente al actual régimen, como Venezuela o Bolivia, los cambios que se hicieron por esa vía incorporaron la posibilidad de perpetuarse en el poder. Así, el régimen chavista lleva desde 1999 en el poder y en Bolivia el régimen promovido por Evo Morales, siguiendo el mismo libreto, lo viene haciendo desde 2006.

En ambos casos hubo asambleas constituyentes que, premunidas del poder absoluto que las caracteriza, hicieron las modificaciones necesarias para permitir que el partido gobernante se perpetúe en el poder. En ambos casos, el argumento fue que el cambio que reclamaba la ciudadanía requería refundar la república y que no había manera de lograr tal cambio sin pasar por una asamblea constituyente.

En el Perú también queremos cambiar. En una sociedad tan fragmentada y con tanta pobreza como la nuestra, la necesidad del cambio es evidente. Los reclamos de nuestra ciudadanía son absolutamente legítimos. No cabe duda de que hay mucho por hacer y mucho por mejorar. Pero esos reclamos no son, de ninguna manera, reclamos para destruir los principios que nos han permitido progresar y reducir sustancialmente la pobreza. De ninguna manera son reclamos para recortar nuestras libertades democráticas. De ninguna manera son reclamos para que un partido imponga sus creencias radicales y se perpetúe en el poder.

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Además, los cambios necesarios en el país no podrán lograrse si se parte del concepto del poder como botín sobre el que, como hemos visto, se reclamen cuotas. En democracia, el poder que la ciudadanía le otorga a los servidores públicos es para que sirvan mejor a la patria. Lo que esperamos de los servidores públicos es que sean honestos y que hagan los mayores esfuerzos para poner lo mejor de sus capacidades al servicio del bien común. Lo que reclamamos es un sector público competente y alejado de la corrupción, que provea de mejores servicios para todos en educación, salud, seguridad, justicia, etc. Lo que se reclama es un Estado que fomente el crecimiento, la inclusión, la generación de empleos de calidad y la reducción de la pobreza.

Para lograr estas mejoras en nuestro país, se pueden necesitar cambios en nuestra Constitución. De hecho, nuestra Constitución ha tenido numerosos cambios siguiendo los mecanismos que en ella misma se especifican con claridad. Lo que no puede considerarse prioritario, necesario, ni conveniente es pasar por una asamblea con el poder absoluto para destituir nuestra democracia, eliminar el balance de poderes y hacernos menos libres.