[Opinión] Mario Guerrero: “Oro negro”

La situación financiera de la petrolera viene complicada desde hace varios años, arrojando un resultado económico deficitario promedio de S/2,000 millones anuales, según consignan las memorias anuales del BCRP, como consecuencia de la incapacidad de trasladar al precio el incremento de sus costos y de la concentración de obligaciones, por la reducción en el plazo de pago a los proveedores externos en un contexto de problemas de liquidez de la empresa.

El gobierno ha venido contrarrestando en parte la situación deficitaria de la empresa a través de préstamos, aportes de capital y garantías de crédito del Banco de la Nación. Buena parte de la complicada situación financiera se debe a los sobrecostos por la puesta a prueba de la nueva Refinería de Talara (Ley N°30130), que inició actividades desde diciembre de 2022, con un retraso de al menos un año respecto de lo previsto.

La última vez que Petroperú acudió a financiarse en el mercado de capitales fue en 2021, cuando colocó bonos corporativos en el mercado internacional por US$1,000 millones con una demanda que superó en 2.5 veces a la oferta. Por aquel entonces, la compañía ostentaba un rating crediticio de tres peldaños por encima del grado de inversión según Fitch. En 2022, bajó cuatro peldaños, perdiendo su condición de grado de inversión, para finalmente en 2024 bajar tres peldaños más, en calidad de “bono basura”, como se conoce en el argot financiero. Las clasificadoras advierten del deterioro de la liquidez, el alto nivel de endeudamiento, y el hasta entonces insuficiente respaldo del Estado.

Recientemente, el gobierno otorgó una garantía por US$800 millones (DU N° 004-2024) a un préstamo a ser otorgado por el Banco de la Nación, recursos que serían destinados a capital de trabajo, como pago a proveedores y cumplimiento de obligaciones financieras, y se extendió una línea de crédito por US$500 millones para la importación de insumos. También se anunciaron medidas organizativas, como la recomposición del directorio, el fortalecimiento de la gobernanza con la participación de Fonafe y la implementación de un programa de retiro voluntario para los trabajadores. Esto permitiría otorgar continuidad a las operaciones, aunque no es claro que sean suficientes para garantizar su viabilidad económica. Petroperú participa con el 26% del mercado nacional de combustibles, y en algunas regiones con alto índice de vulnerabilidad, como Loreto, Ucayali y Madre de Dios, llega a tener más de 85%.