[OPINIÓN] Mario Guerrero: “¿Es la ruta correcta?”

Las familias peruanas necesitan un alivio financiero, qué duda cabe. Al 37% no le alcanza el ingreso o tiene dificultades financieras, luego de que la economía atravesó una recesión con inflación —la más alta en 25 años— con el consiguiente deterioro del poder adquisitivo y reducción de la clase media, que pasó de representar el 51% antes de la pandemia a 47% en 2023, según Apoyo Consultoría.

Para revertir esta situación, lo viable es impulsar la inversión, único motor que crea empleo de manera sostenida y generalizada, y con ello echar a andar el círculo virtuoso del crecimiento, el ingreso, el consumo y el ahorro. No hay mecanismo más inclusivo para crecer.

Sin embargo, una vez más se echaría mano al ahorro forzoso destinado para la jubilación. Esto significa sacrificar el consumo futuro por consumo presente. La medida no beneficiaría a todos, pues está sesgada a los que tienen ingresos y están afiliados (18% de la población). Incluso no todos ellos requieren alivio financiero (80% cuenta con un saldo menor a 1 UIT, luego de seis retiros previos). Las opiniones técnicas (BCRP, SBS y MEF) una vez más vienen siendo dejadas de lado, al igual que el interés por buscar una verdadera reforma del sistema previsional, lo cual urge. Esto preocupa, pues no es la ruta de crecimiento del país.

En el corto plazo liberaría ahorros por alrededor de 2.5% del PBI. Buena parte activaría el consumo, principalmente en afiliados pertenecientes a los niveles socioeconómicos C, D y E, principalmente en restaurantes (alrededor del 60% menciona comer regularmente fuera del hogar) y centros comerciales (segundo destino preferido para ratos de ocio). El impacto sobre el consumo habría sido mayor de no ser por el incremento de la inseguridad ciudadana. También permitiría reducir el endeudamiento (alrededor de 20% estaría dispuesto a pagar sus deudas, según sondeo de Ipsos, respecto de qué hacer si obtuviera un ingreso adicional), contribuyendo a reducir el riesgo crediticio, necesario para activar políticas crediticias más flexibles.

En el largo plazo reduciría el ahorro interno, pues se reduce la capacidad de inversión y, por tanto, el crecimiento potencial; reduce la capacidad de obtener una jubilación apropiada; pone presión sobre la calificación de riesgo crediticio del país; dificulta el financiamiento de plazos largos vía mercado de capitales; y afianza la percepción de que el país está retrocediendo, indicador que en diciembre 2023 ya había superado el récord de fines de los 80.

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