[OPINIÓN] Luis Miguel Castilla: “Los ‘incentivos’ para la buena gestión pública”

La presidenta Dina Boluarte ha decidido lanzar planes Con Punche para todas las regiones del país. El primer ministro ha anunciado una campaña para simplificar la excesiva tramitología que padece la industria minera. Y Proinversión ha relanzado una cartera de 30 asociaciones público-privadas. La pregunta del millón es si las buenas intenciones y los prometidos cambios normativos serán suficientes para reanimar la inversión. Para que la respuesta sea afirmativa, se requiere, como mínimo, modificar el set de incentivos que determinan la acción (o inacción) de los funcionarios, y reformar el enfoque excesivamente rígido de los sistemas administrativos del Estado.

Un desafío central es mejorar las limitadas capacidades técnicas de las unidades ejecutoras —especialmente en regiones y municipios—, pues explican los deficientes expedientes técnicos que acaban en arbitrajes y abultados sobrecostos para el Estado. Son buenas decisiones un mayor acompañamiento de Servir y el Ministerio de Economía y Finanzas, y la reciente publicación de una nueva escala remunerativa para atraer talento en los gobiernos locales.

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Sin embargo, el mejor incentivo para asegurar que los cambios normativos sean aplicados por personal idóneo y no se conviertan en meros saludos a la bandera es acelerar la implementación de la meritocracia. No solo basta con desandar lo que Pedro Castillo intentó destruir. Debe admitirse que, sin un servicio civil de calidad, será imposible transformar los cuantiosos recursos presupuestales en bienestar para los peruanos.

Urge también reducir los desincentivos que enfrentan los servidores públicos. El mandato legal que tiene la Contraloría de supervisar y verificar el correcto uso de los recursos del erario debe darse sin que esta labor paralice la acción estatal. La reforma que se implementa desde 2018 justamente busca mejorar la calidad de las auditorías reclutando a personal capacitado, desterrar la vieja práctica de transgredir las competencias legales del control interno y acompañar todo el ciclo de inversión mediante el control concurrente.

Además, el incumplimiento de los plazos legales en materia de permisos y autorizaciones no puede dejar de ser sancionado. Las empresas y los ciudadanos también tienen derechos que deben ser respetados ante la desidia de algunos funcionarios. Solo amplificando los incentivos positivos, desterrando los negativos y simplificando los sistemas administrativos se podrá recuperar el tiempo perdido.

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