[Opinión] Luis Miguel Castilla: “El descontento no se irá con el adelanto de elecciones”

La clase política subestima el nivel de desconexión que la mayoría de ciudadanos siente hacia sus autoridades. Una reciente encuesta publicada por Ipsos da cuenta de que, en el Perú, el 70% de los encuestados no se sienten representados por los políticos que detentan el poder, siendo esta la percepción más alta de la región. Esta enajenación explica por qué la mayoría quiere que se vayan todos. Y por qué, además, un 20% de la población apuesta por patear el tablero con cambios constitucionales que traerían más perjuicio que beneficios. Afortunadamente, el 80% restante de los peruanos no quiere experimentos trasnochados. Pero reclama, con toda justicia, priorizar la lucha contra la delincuencia y la corrupción, así como mejorar los sistemas educativo y de salud, generar empleo y acelerar la reactivación económica.

Esto último se torna particularmente urgente de cara a la desaceleración económica, que no da tregua. De hecho, el INEI reveló que el crecimiento del PBI de 2.7% registrado en 2022 se ubicó por debajo de los estimados oficiales y del promedio latinoamericano. En un contexto agravado por la conflictividad social y la incertidumbre respecto del proceso electoral, se prevé incluso un menor crecimiento para este año. Esto significa que la economía tendrá una menor capacidad de generar el empleo requerido para reducir la pobreza. Tal como señalan calificadoras de riesgo, un escenario de estancamiento es el mayor riesgo económico que enfrenta el Perú.

¿Por qué, entonces, los políticos son incapaces de adoptar soluciones para atender estas prioridades? Peor aún, una mayoría de congresistas se esmera en legislar con objetivos demagógicos o ideologizados. Ejemplo de ello son las iniciativas que postulan la habilitación de nuevos retiros de los fondos previsionales privados, sin que importe dejar sin pensión a millones de afiliados; o la derogatoria del régimen laboral de la exportación no tradicional sin tomar en cuenta la destrucción de trabajo formal. La acción legislativa sigue empujando contrarreformas y adolece de un mínimo de calidad regulatoria.

Un común denominador de estos proyectos de ley es que generan falsas expectativas en la gente que, al no cumplirse, exacerban aún más su enojo hacia la autoridad. El debate político enfocado únicamente en el adelanto de elecciones está dejando de lado la atención urgente de los problemas urgentes de la ciudadanía.

El descontento social tiene claras razones objetivas que no son suficientemente visibilizadas: en ocho regiones del país, la tasa de anemia en niños menores de tres años supera el 50%; menos de la mitad de la población tiene agua todo el día; el 26% de los locales educativos requiere una reparación total o parcial; no hay acceso a salud con oportunidad ni calidad (como si acaso no hubiera habido una terrible pandemia). No podemos perder de vista que uno de cada dos pobladores rurales aprobaba a Pedro Castillo al momento de su fallido autogolpe.

¿El adelanto de elecciones garantiza que se aborden estos problemas? Seriamente, lo dudo si no viene acompañado de un acto de desprendimiento genuino, la aparición de nuevos liderazgos, un plan viable y un equipo profesional que lo ejecute. Necesitamos menos retórica inútil y más acción con sentido de urgencia.

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