[Opinión] Luciano López: Reforma constitucional, empresas estatales y populismo económico

En una investigación de Ariela Ruiz Caro, intitulada “El proceso de privatizaciones en el Perú durante el periodo 1991-2002″ (Santiago de Chile: ILPES, 2002), se indica que, al momento de plantearse la reforma del Estado, a inicios de la década de los noventa, las empresas públicas atravesaban una crisis que excedía el plano financiero y de gestión, ya que su accionar estaba deslegitimado por la sociedad. Por ese motivo, existía un consenso generalizado en relación a que la transferencia de las empresas públicas al sector privado constituiría la forma de acabar con el déficit fiscal, la hiperinflación, el exceso de burocracia, y la falta de productividad. Además, sería el medio necesario para equilibrar las cuentas externas y acceder nuevamente a los créditos internacionales (p. 18). Y es que, como bien sentencia Ariela Ruiz, hubo un hecho incontrovertible: las empresas públicas en el Perú a fines de la década de los ochenta registraban desbalances alarmantes en sus operaciones (p. 19).

Esta fatídica historia justificó que se apruebe en el actual artículo 60 de la Constitución de 1993 que “solo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional”. Así, el Estado, en la actualidad, ejerce actividad empresarial de manera subsidiaria. Y, para ello, como bien ha señalado el economista Carlos Paredes, Fonafe ha mejorado el gobierno corporativo de las empresas y minimizado el daño que podría haber causado sin un “dueño” que las supervise. En ese sentido, la formación de grupos corporativos como Distriluz, ha permitido —señala el economista— generar economías de escala y aumentar la eficiencia de su operación para proveer servicios públicos de electricidad en diferentes regiones del país. Desde luego, es un modelo para perfeccionar. No se necesita una reforma constitucional, sino ajustar los marcos legales con mejores controles que frenen iniciativas empresariales cuya justificación económica está puesta en tela de juicio, como el caso de la refinería de Talara a cargo de Petroperú.

Por ello es que, más allá de que he sido consultado por el Grupo Distriluz sobre el respeto de las garantías del debido proceso en el trámite de la Comisión Investigadora que preside en el Parlamento Nacional el congresista Ilich López, me llamó la atención la entrevista que dio el pasado 30 de enero en el programa Octavo mandamiento, que conduce el reconocido periodista Jaime Chincha. Dijo haber “estudiado muy bien a las empresas del Grupo Distriluz” y que “están en quiebra”. ¡Qué irresponsable! ¿Cuál es su intención? Según Perú Energía, las empresas del Grupo Distriluz prevén invertir 374 millones de soles en nuevos proyectos en 2023, orientados principalmente a distribución (58%) y transmisión (27%) en 11 regiones del norte y centro del país. Esta cifra, además, es 22% mayor a lo ejecutado en 2022 y 75% superior respecto a 2021.

No me cabe la menor duda de que, en estos tiempos de notorio descrédito congresal, mucho daño causa esta clase de ‘políticos’ con posiciones populistas y cuyas intenciones reales se desconocen. Reformas constitucionales urgentes sí necesitamos. Pero no las referidas a la actividad empresarial del Estado. Lo bueno debe perfeccionarse. No regresemos al pasado.