[Opinión] Juan Manuel Benites: No estamos preparados y difícilmente lo estaremos

En el gobierno de Alberto Fujimori se ejecutó un presupuesto especial de prevención ante la llegada de El Niño de 1998, equivalente a 0.5% del presupuesto de la República. En los gobiernos de Toledo y García, la asignación para prevención fue en promedio menor al 0.2% del presupuesto. En el período 2012-2016 esta participación se cuadruplicó, alcanzando 0.8%.

Lo dicho tiene su correlato en los impactos que han tenido algunos fenómenos naturales. En 1983 la estimación de los daños por el FEN (incluyendo el efecto infraestructura, según el BCRP) fue de casi 7.8% del PBI. En 1998 se redujo este impacto a 5.1% del PBI y en 2017, según varias estimaciones, fue de 2.5%. Según estos resultados, los peruanos hemos ido aprendiendo la importancia de prevenir y, por ello, los efectos de El Niño se han ido enfrentando con mejor infraestructura y actividades de preparación, aunque distan de ser las mejores prácticas aún.

El plan de reconstrucción con ‘cambios’ generó grandes expectativas, en la medida en que ofrecía preparar al Perú para futuros acontecimientos catastróficos, lo cual es muy deseable y podría haber sido la base para una política de Estado de prevención, pero hasta hoy no se ha visto resultados. Según las cifras de la ARCC, ya se ha ejecutado 75% de los recursos, pero recién se están aprobando los planes de soluciones integrales de cuencas importantes como las de los ríos Tumbes y Piura. De hecho, no hay avances sobre los drenajes pluviales en las principales capitales del norte.

Es por ello que para lograr un país con mayor resiliencia al cambio climático y mejor preparado contra los fenómenos naturales, será necesario afianzar liderazgos y roles en la gestión de riesgos. Es urgente una autoridad que organice y disponga acciones coordinadas para la prevención, respuesta y reconstrucción. Esta debe tener a su cargo la ejecución de obras de envergadura y el seguimiento de la ejecución de los planes de acción, en las distintas instancias de gobierno; así como poder sancionar a quienes incumplan normas y directivas expresas de seguridad. No caben cambios cosméticos, sino que se requieren cambios estructurales para enfrentar los riesgos de los fenómenos naturales.