[Opinión] Juan Manuel Benites: “En casa del herrero, cuchillo de palo”

"En 2022 se dejaron de gastar casi S/18,000 millones entre los tres niveles de gobierno y en la macrorregión sur, el agregado del gasto de inversión no ejecutado entre los 9 departamentos que la componen, alcanzó los S/5,700 millones.

Actualizado el 01/02/2023, 08:59 a.m.

En días recientes hemos escuchado que un sector importante de la población pide el cambio de la Constitución. Como si la fuente de las grandes brechas sociales y económicas se iniciaran y acabaran en el documento que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política del país.

Habría que preguntarse, si esa era la solución ¿por qué no la hemos cambiado antes? Hemos tenido gobiernos de distintas tendencias políticas y las cosas no han sido diferentes. ¿Acaso, cambiar la Constitución resolvería los problemas de corrupción y de la gran mediocridad de una estructura de gobierno arcaica que no contribuye a solucionar los problemas?

Para poner en contexto lo cuestionable que resulta concentrar los esfuerzos en el medio equivocado (cambio de Constitución), veamos lo que ha ocurrido el año 2022 con la ejecución de la inversión pública. Ese año se dejaron de gastar casi S/18,000 millones entre los tres niveles de gobierno y en la macrorregión sur, el agregado del gasto de inversión no ejecutado entre los 9 departamentos que la componen, alcanzó los S/5,700 millones. Es decir, con ese dinero devuelto, se pudo haber construido 3,000 escuelas o 6,000 postas médicas o 280 hospitales medianos o 1,200 km de carreteras o cerrar casi el 75% de la brecha de infraestructura de riego. ¿Ese es un problema generado por la actual Constitución? Claro que no y su solución no está en el cambio de esta, sino en una nueva manera de asignar, planificar y ejecutar los recursos públicos, incorporando criterios de territorialidad y desterrando la visión sectorial que profundiza la herida del centralismo.

Si los recursos se generan en un territorio, deberían ejecutarse en el mismo espacio, en forma más directa, con amplia participación del sector privado desde la priorización de las intervenciones, hasta la ejecución y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos. Hay que evitar excesos de burocracia y la sobre regulación, que son la madre de todos los vicios de corrupción. Precisamente, las agencias de desarrollo son un paso en la dirección correcta. Estas podrían ampliar su espectro de acción a convertirse en unidades de planeamiento y ejecución de inversión, con directorios público-privados y usando las tecnologías que han dado resultados como las PMO, contratos Gobierno a Gobierno, las Obras por Impuestos y otras modalidades que nos permitan aumentar el valor de cada sol invertido.

Pensar que el cambio de la Constitución acabará con el Estado macro cefálico con mucha burocracia anclada en Lima, así como que la presencia de la corrupción hormiga en los gobiernos subnacionales se va a eliminar, son puras ilusiones. Pienso que posiblemente, incluso, podría ser peor.