[Opinión] Juan Manuel Benites: “Cuando la realidad se impone, no cabe la ideología”

Si el 76% del suelo de la selva es forestal o de protección, según la ONERN 1982, existe una altísima probabilidad de que los terrenos dedicados a cultivos como el café, cacao, palma aceitera, arroz, maíz amarillo duro, kion, cítricos, entre otros, estén instalados sobre este tipo de suelos y, por lo tanto, serían cultivos en una situación de ilegalidad según lo establecido por la ley forestal y de fauna silvestre (Ley 29763).

Casi de manera retroactiva se va a exigir a cada unidad agropecuaria en todo el país, pero en especial en la Amazonía, que ahí donde hoy se está haciendo agricultura, se deba gastar en realizar estudios de suelos que demuestren que estos tienen aptitud para el agro. Cabe preguntarse entonces, qué va a pasar si los resultados son los previstos en el párrafo anterior y los agricultores quedan fuera del marco de la ley. Pues la respuesta es que deberán cerrar sus operaciones, podrían ser multados y hasta ser encarcelados, de acuerdo con el artículo 310 del Código Penal. Esto no soporta ningún análisis y escapa al sentido común.

Recordemos que nuestros agricultores de la selva contribuyen a nivel nacional con el 83% de cultivos agroindustriales como el café, el cacao, el kion y la palma aceitera; el 63 % de los pastos cultivados; el 51 % de la producción de frutas como plátano y cítricos; y el 30% de la producción de cereales como arroz y maíz amarillo duro. Es decir, es la seguridad alimentaria para seis millones de peruanos sobre la cual se va a atentar.

La ley forestal y de fauna silvestre en sus 12 años de existencia, no ha sido solución para evitar la deforestación. En ese mismo lapso se han perdido 1.7 millones de hectáreas y todos los años se deforestan alrededor de 170 mil hectáreas de bosques en promedio. Y, si no se entiende que el principal motor de deforestación es la pobreza, vamos a seguir haciendo normas ineficaces.

Por lo tanto, la aprobación de una norma que establezca las condiciones para la adecuación y formalización del agro afianzaría al productor agrario de la selva en sus tierras, apostando por una mayor productividad, sin necesidad de ampliar la frontera agropecuaria. A ello se suma el hecho que también se evitaría la convulsión social que se va a generar por el desconocimiento de derechos que el propio Estado otorgó a miles de agricultores en la selva, a través de la entrega de títulos de propiedad, créditos, asistencia técnica, infraestructura y otros servicios adicionales para impulsar el agro.

Un reciente estudio del Banco Mundial (2022) para el Perú demuestra que una mayor informalidad en la agricultura, así como la ausencia de seguridad jurídica, propicia altas tasas de deforestación. Según esta investigación, por cada 1% de aumento en la tasa de informalidad en la agricultura de un distrito, se genera una disminución de la cobertura forestal en 0.5 hectáreas. Asimismo, usando datos del Midagri al 2021, los distritos agrícolas en la selva que presentan una baja o nula tasa de deforestación tienen un 39% más de ingresos que los distritos agrícolas que tienen mayores niveles de deforestación. Las evidencias y la realidad están ahí, eso supera a la ideología.

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