“Según Devida, de las 132,812 tm de hojas producidas, en 2019, solo el 0.2% se destinó a rubros formales, el 9% al consumo tradicional y el 90.8% al narcotráfico”.
“Según Devida, de las 132,812 tm de hojas producidas, en 2019, solo el 0.2% se destinó a rubros formales, el 9% al consumo tradicional y el 90.8% al narcotráfico”.

En plena crisis política, con el gobierno más inestable de los últimos 20 años, que rompió el récord con el ministro con menos duración y el cambio de gabinete más rápido (El Comercio, 19.10.21), Castillo no tiene mejor idea que impulsar una agenda que supondrá un gran revés en la lucha contra el narcotráfico.

Es preocupante ver al presidente apoyar públicamente la “Ley de la coca”, impulsada por Bermejo, procesado por terrorismo por reunirse con los narcoterroristas Quispe Palomino, la cual tiene como principal objetivo no industrializar el uso de la hoja de coca, sino expulsar a la DEA y a USAID del país.

También, preocupa que Barranzuela haya sido designado como ministro del Interior, no solo por el claro conflicto de intereses con el caso de Los Dinámicos del Centro, sino por su pública afinidad por la agenda cocalera; quien, primero al prometer y luego recular sobre el cese de la erradicación de cultivos ilegales, ha incentivado un paro de cocaleros en la Interoceánica.

El detalle es que los lobistas de los narcotraficantes se escudan en el supuesto uso industrial de la hoja de coca, cuando dicho uso es completamente marginal. Según Devida, de las 132,812 tm de hojas producidas, en 2019, solo el 0.2% se destinó a rubros formales, el 9% al consumo tradicional y el 90.8% al narcotráfico.

Sin lugar a duda, si el Gobierno insiste con esta agenda, los únicos beneficiados serán los narcotraficantes y sus socios políticos por dejarles la vía libre para disfrutar de un ilícito mercado que mueve al menos US$650 millones al año en el Perú (Devida).

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