"Si esta marcha se prolonga e impide a la gente trabajar, se estará condenado a la ruina a decenas de miles de negocios familiares".
"Si esta marcha se prolonga e impide a la gente trabajar, se estará condenado a la ruina a decenas de miles de negocios familiares".

Hoy empieza la esperada ‘’, cuyo objetivo es el de sitiar y paralizar la capital para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y el cumplimiento de un llamativo pliego de reclamos: celebrar inmediatamente un adelanto de elecciones, una Asamblea Constituyente y restituir a Pedro Castillo en el poder.

El nivel de insensatez de quienes se dedicaron a promover esta protesta en los últimos meses es incalculable. No solo porque lo que se exige son —en su mayoría— disparates, sino por el posible daño económico que asumirán miles de familias peruanas (contra su voluntad) si la ‘toma de Lima’ se prolonga.

A la luz de datos publicados recientemente por el BCRP, los que recogen los efectos de las manifestaciones de inicios de año, es posible inferir que en aquellas regiones en las que se protestó con más virulencia, el daño sobre las economías locales y las familias fue mayor.

El ejemplo más emblemático es Puno, región en la que las protestas duraron más tiempo y fueron, por bastante, más violentas. Al comparar el desempeño de esa economía durante los tres primeros meses de este año con el primer trimestre de 2022, el colapso es evidente.

El sector agrícola cayó en -20.5%, siendo la producción de quinua (-100%) y de papa (-46%) las más afectadas; el sector minero lo hizo en -30%, registrando una fuerte caída en la producción de estaño (-69%) y oro (-52%), y se contrajo la inversión pública en -56%, que equivale a S/150 millones. Hoy los puneños no están mejor.

Si esta marcha se prolonga e impide a la gente trabajar, se estará condenado a la ruina a decenas de miles de negocios familiares.

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