(foto: Congreso)
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“No es posible que las propias empresas del Estado incumplan sus obligaciones con los derechos laborales”, afirmó Sigrid Bazán, en referencia al rechazo de Sedapal a que se aplique el decreto que elimina la tercerización laboral que entra en vigor el día de hoy.

De hecho, la empresa estatal se encuentra entre las muchas que han presentado acciones de amparo, acciones populares o denuncias por barreras burocráticas –al Poder Judicial o Indecopi– a fin de lograr que declare ilegal o no se les aplique la dichosa norma. A la fecha, se estima que alrededor de 250 empresas ya lo han conseguido vía una medida cautelar.

Y es que la consecuencia de prohibir la tercerización –más allá de las restricciones que ya existían– en muchos casos será el despido de los trabajadores, pues asumir el alto costo laboral de contratarlos en planilla elevaría desmedidamente los costos operativos. Solo en Sedapal se calcula que hay 9,400 trabajadores trabajando bajo tercerización.

Esto no quiere decir que actualmente no existan empresas que no incumplan las restricciones a la tercerización, casos que deben fiscalizarse. Incluso se podrían elevar sanciones. Pero lo que nuestra izquierda sigue ignorando es que las decisiones económicas no se pueden manejar por decreto. Si los números no dan, no contrataré gente ni dejaré que bajen mis precios con un decreto.

Tuvo que pasarle a una empresa del Estado, que seguramente Sigrid y compañía asumen está formada por seres bondadosos y no egoístas, para que se empiecen a dar cuenta que los recursos son escasos y que también las empresas públicas tienen intereses. Si los recursos no alcanzan para contratar más trabajadores, no interesa cuántas veces grites ¡DERECHOS LABORALES!


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