Nadie puede obligar a nadie, incluso a las entidades financieras, a ofrecer gratuitamente un servicio que cuesta otorgar, y la consecuencia inmediata para los consumidores será, en el mejor de los casos, un claro deterioro de la calidad del servicio, y, en el peor, el regreso al pasado analógico, de largas esperas y alto riesgo para la integridad de los usuarios. Esas sí serían comisiones costosas.