(Foto: MML)
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En reiteradas oportunidades he sido crítico de la gestión del alcalde Jorge Muñoz. Creo que no ha emprendido ninguna reforma relevante para la ciudad en temas tan cruciales como el transporte y la seguridad, y sus obras más emblemáticas han tenido como foco a los automóviles privados, una visión contraria a las tendencias globales. No obstante, su vacancia me parece absurda y desproporcionada.

Comprendo que la decisión del Jurado Nacional de Elecciones se da en el marco de lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Sin embargo, la resolución peca de legalista. ¿Es acaso razonable descabezar a una ciudad de 10 millones de habitantes porque su alcalde integró un directorio –cuyas dietas devolvió– durante siete semanas? Lo sensato habría sido imponerle algún tipo de sanción, pero su salida del cargo resulta profundamente desmedida si se considera la gravedad de la falta. Más aún, es fundamentalmente antidemocrática, pues pone a la aplicación restrictiva de la norma por encima de la voluntad popular que puso a Muñoz en la alcaldía.

Cabe destacar que no es la primera vez que el JNE actúa en este sentido. En las últimas elecciones generales se excluyó a candidatos por razones tan absurdas como errores perfectamente subsanables en el llenado de formatos de inscripción.

Si es que hace falta cambiar las normas, pues es momento de hacerlo, pero seguir con decisiones de esta naturaleza da un poder desmedido a los vocales electorales y desaira el voto de la ciudadanía, pilar fundamental en toda democracia.

Ahora, si bien la decisión del JNE debilita nuestro sistema democrático, la reacción de Jorge Muñoz tras la resolución también lo ha hecho. En la conferencia que ofreció el jueves, el hasta hoy alcalde se despachó con una innecesaria monserga contra la institucionalidad electoral, reviviendo la teoría del fraude sin pruebas de la elección general. Llegó incluso a difundir información falsa, como que el JNE no había dejado revisar las actas de aquel proceso, cuando todas estas son de acceso público en Internet. Muñoz también olvida que más de la mitad de los integrantes del jurado que dispuso su vacancia no integraba el JNE cuando se produjo la elección general.

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Lo que correspondía al alcalde era cuestionar el criterio y proporcionalidad de la medida, así como sentar su postura desde el punto de vista legal. Para ello no era necesario sumarse al cargamontón contra la poca institucionalidad democrática que nos queda.

Un triste final para una gestión que debió haber hecho bastante más por nuestra capital.

BASTA YA

Nuestra indignación ha sido colectiva al ver el video ampliamente difundido de un joven limeño narrando con total desparpajo –y hasta orgullo– un acto que constituye una violación sexual sin atenuantes. La Fiscalía ya inició las investigaciones del caso y una denunciante ha confirmado que los hechos efectivamente sucedieron y no fueron un “experimento social”, como el joven en cuestión afirmó.

Este hecho evidencia lo normalizada que está la cultura de violación en nuestro país, a tal punto que a alguien le parece que un relato de este tipo es digno de ser compartido alegremente en TikTok.

Que este triste episodio nos recuerde que el cáncer que es la violencia de género no se resolverá protegiendo a nuestras hijas, sino educando a nuestros hijos desde la escuela, el espacio por excelencia donde debemos formar ciudadanos capaces de convivir de manera civilizada y respetuosa.

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El presidente de la comisión Héctor Ventura sostuvo que Aníbal Torres debe ser llamado a declarar tras las revelaciones de Karelim López. Además, sepa cómo funciona la ley de idoneidad para funcionarios públicos. También, Somos Perú sobre ‘plan B’ que anunció Vladimir Cerrón: “Pretenden cortar democracia en Perú”. Y, bombardeos rusos en Kiev durante la visita del secretario general de la ONU.