[OPINIÓN] Joaquín Rey: “Dos malas ideas”

Fecha Actualización

11/06/2023 - 07:00

Los principales riesgos para nuestra economía a menudo vienen desde el Legislativo. Y suelen ser los mismos congresistas quienes, seguro con la mejor de las intenciones, reinciden en la producción de propuestas legislativas que inequívocamente dañarán a quienes pretenden beneficiar.

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Nuevos ejemplos de ello hemos visto en los últimos días, esta vez como protagonista a la congresista Bazán, autora de dos proyectos que, con la consigna de proteger al ciudadano, promueven cambios regulatorios que a la larga les pasarían una onerosa factura.

El primero de estos proyectos, aprobado esta semana en la Comisión de Defensa del Consumidor, es el que prohíbe el cobro de comisiones por transferencias interbancarias. Una vez más, nuestros legisladores parecen estar convencidos de que los costos se pueden desaparecer por ley. Lo cierto es que una transferencia interbancaria requiere una plataforma tecnológica y una serie de procedimientos de verificación que tienen un costo. Existe de hecho una tercera entidad involucrada —la Cámara de Compensación Electrónica— que da el servicio de interconexión y compensación a los bancos participantes, cuyo funcionamiento tiene un costo para las entidades financieras.

Gracias a esta estructura es que hoy millones de usuarios pueden realizar transferencias desde donde estén, 24 horas al día, siete días a la semana, desde su teléfono o PC. Hasta hace poco, estas operaciones se podían realizar solo los días de semana ocho horas al día, o alternativamente llevando el dinero físicamente, con evidentes riesgos de seguridad.

Si se prohíbe el cobro de esta comisión, es probable que algunos bancos dejen de dar el servicio de transferencias interbancarias (pues no podrían recuperar el costo en el que incurren), o que se vean obligados a diluir este costo a través de otros cargos a todos sus clientes. Es decir, se “castigaría” a la totalidad de clientes por un servicio que usan solo algunos.

Más aún, esta propuesta discrimina a los usuarios de menores recursos, ya que no alcanza a las cajas y cooperativas de ahorro y crédito, cuyos clientes habitualmente poseen menores ingresos.

Se trata, a todas luces, de una propuesta demagógica y antitécnica que suena bien, pero que acabaría muy mal.

Una segunda iniciativa, aún más perniciosa, tiene que ver con el tema previsional. Aunque la implementación de una reforma en este ámbito es tan necesaria como urgente, debemos cuidar que esta no conduzca a un deterioro de nuestro sistema actual. Y esto es lo que, sin lugar a dudas, se conseguiría con el dictamen aprobado la semana pasada por la Comisión de Trabajo presidida por la congresista Bazán.

Dicha propuesta va en claro contraste con el consenso que hay en la materia entre los diferentes actores que vienen realizando propuestas (como la Comisión de Economía, el Instituto Peruano de Economía, la Asociación de AFP, la SBS, Apoyo Consultoría, etc.). El planteamiento propone una estatización del sistema privado de pensiones, y la migración a un sistema público único con una estructura que asemeja a una de reparto. Es decir, se busca expandir el modelo la Oficina de Normalización Previsional (ONP), que solo hace agua.

La propulsora de esta iniciativa parece olvidar que la ONP es una entidad insostenible, que recaba menos aportes de los que necesita para honrar sus pagos de pensiones. Por ello, entre 2014 y 2019 recibió transferencias anuales promedio de S/1,800 millones para cubrir su déficit. Esto solo se agravará dadas las tendencias demográficas del país, marcadas por un rápido envejecimiento poblacional. ¿Queremos replicar estos problemas ahora a una mayor escala?

Además de las fallas estructurales del diseño, esta propuesta llevaría a que los ahorros de vida de los trabajadores peruanos estén a merced de la influencia política que suele afectar a las entidades empresariales estatales. Para muestra solo hace falta dar una mirada al caso de Petroperú, hoy al borde de la quiebra.

Tomar este camino nos pondría exactamente en la misma dirección que hace unas semanas tomó Bolivia, donde la llamada Gestora Pública absorbió los ahorros previsionales de millones de trabajadores que antes cotizaban en AFPs. ¿Hace sentido seguir el ejemplo de un régimen que genera un 8% de déficit anual, que ha multiplicado la deuda pública por seis y que ha liquidado sus reservas de dólares?

Queda apelar a la sensatez de los legisladores responsables, para que ambas iniciativas no progresen al llegar al Pleno. No estamos para recorrer caminos que una y otra vez han probado ser nocivos.

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