[OPINIÓN] Joaquín Rey: Cuidar nuestras fortalezas

Uno de los grandes activos de la economía peruana ha sido la sostenibilidad y la prudencia con las que se han manejado las cuentas fiscales por casi tres décadas. Esto es, el compromiso de no gastar más de lo que se recauda de manera reiterada, una práctica que se ha mantenido a pesar de los cambios de administración y vaivenes políticos.

Esta disciplina fue formalizada mediante la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal de 1999, que establece topes para el déficit fiscal y se constituye hoy como uno de los candados para la estabilidad macroeconómica del Perú. Dicho compromiso ha permitido, por ejemplo, que, a pesar de las adversidades de los últimos tres años, el Perú mantenga un nivel de deuda sobre el PBI de solo 36%, uno de los más bajos de la región.

Practicar la sostenibilidad fiscal requiere indefectiblemente un control central del nivel agregado de gasto que permita balancear el presupuesto, tarea que recae en el Ministerio de Economía y Finanzas. Esto, naturalmente, es incompatible con la posibilidad de que un poder que no sea el Ejecutivo tenga iniciativa de gasto. De hecho, nuestra Constitución establece expresamente en su artículo 79 que los congresistas “no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos”.

Traigo el tema a colación pues, como señaló el diario Gestión el viernes último, dos sentencias del TC (984/2021 y 337/2022) abren la puerta a la posibilidad de que el Congreso tenga esta prerrogativa. Concretamente, el colegiado interpreta que la naturaleza de la prohibición aplica solo “para el correspondiente año fiscal”. Es decir, deja abierta la posibilidad de crear gasto en años posteriores.

Esta interpretación es sumamente peligrosa, pues quita total sentido a la prohibición constitucional. Si el artículo 79 se refiriera solo al año en curso, entonces no brindaría garantía alguna de sostenibilidad fiscal, puesto que esta implica siempre una visión multianual.

Alcemos la voz sobre este despropósito e impidamos que se sigan minando los elementos de nuestro marco institucional y jurídico que han permitido que, a pesar de sus deficiencias y tareas pendientes, nuestra economía mantenga sólidos fundamentos.

En casa de herrero…

Si lo que buscamos es promover la formalidad, el Estado debería ser el primero en cumplir la legislación laboral vigente. Por ello, resulta desconcertante que, conforme fue reportado esta semana, las entidades públicas mantengan una deuda de casi S/15,000 millones por aportes de AFP con sus trabajadores.

Sucede que existen más de 2,500 entidades que descuentan el 10% del sueldo a sus colaboradores, pero luego no depositan este monto en sus cuentas de AFP. Esta situación afecta a unos 418,000 trabajadores públicos de todo el Perú. Llama particularmente la atención que sea el Ministerio de Educación el que encabece la lista, con una deuda de S/1,250 millones. ¿Este es el tratamiento que merecen nuestros maestros?

Es urgente que se tomen medidas para resolver este problema que se arrastra por años frente a la pasividad del Ejecutivo y Legislativo. De hecho, está en manos del Pleno del Congreso ver un dictamen ya aprobado por la Comisión de Economía para la reprogramación de estas deudas (el “Repro AFP”) que permitiría la condonación de los intereses moratorios y el establecimiento de un calendario para que las entidades regularicen sus pasivos. Además de ello, deberían evaluarse mecanismos más drásticos, como habilitar al MEF para que retenga del presupuesto anual de estas instituciones el monto adeudado con sus trabajadores.

Resulta poco coherente que el Estado promueva una reforma previsional y al mismo tiempo sea incapaz de cumplir con una obligación tan fundamental para la jubilación de sus trabajadores. Es momento de honrar esta deuda.

VIDEO RECOMENDADO