"El Poder Judicial decidió acertadamente suspender el concurso de nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ante sus notorias irregularidades", sostiene De Belaunde. (Foto: Andina)
"El Poder Judicial decidió acertadamente suspender el concurso de nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ante sus notorias irregularidades", sostiene De Belaunde. (Foto: Andina)

El Poder Judicial decidió acertadamente suspender el concurso de nombramiento de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ante sus notorias irregularidades. Como bien identifica la jueza constitucional Blácido Báez en la resolución cautelar que detiene todo el procedimiento, el Congreso estaba incumpliendo las normas que se dio a sí mismo para regular la selección y designación de los tribunos. Se trata de una decisión histórica que busca garantizar el derecho (difuso) de la ciudadanía de contar con magistrados independientes, imparciales, capaces, honestos y comprometidos con los valores constitucionales.

Sucede que el procedimiento de selección no fue llevado de forma correcta en el Parlamento. Los cuestionamientos llovían por todos lados: políticos de distintas tendencias, la prensa, entidades especializadas, organizaciones internacionales, diversos sectores de la ciudadanía y expertos. Y es que la lista de falencias es contundente. Recordémoslas. Se ignoraron los aportes acertados de la ciudadanía al proyecto de reglamento del concurso, se aprobó un reglamento con errores graves como calificar con nota la solvencia e idoneidad moral en vez de constatar si se tiene o no, se excluyó arbitrariamente a candidaturas y se suspendió y quebró el procedimiento durante meses (motivo por el cual algunos candidatos renunciaron). A ello hay que sumar lo visto en las últimas semanas: entrevistas impertinentes y poco rigurosas a los candidatos y el otorgamiento de puntaje sin cumplir con dar justificaciones ni publicarlas.

La decisión cautelar de suspender el procedimiento se da dentro del proceso de amparo iniciado por el abogado Walter Ayala. Se trata de una orden bajo responsabilidad, no de una recomendación. Es propia de un Estado donde existe control entre los poderes y no se permite la arbitrariedad ni que un órgano, así sea el Congreso, se exceda en sus funciones violando derechos.

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Por más que los congresistas pongan el grito en el cielo, lo cierto es que nombrar al TC bajo estas condiciones los iba a arrastrar innecesariamente a una controversia pública mayor, dañando su imagen y afectando la agenda que deben cumplir en estos últimos días de mandato. Se les ha tirado un salvavidas.

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