Baltasar Garzón (AFP)
Baltasar Garzón (AFP)

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas dictaminó a favor de Baltasar Garzón en el caso que presentó contra España. El exjuez, mundialmente conocido por haber emitido la orden de arresto de Pinochet, fue condenado por prevaricato y separado de la judicatura en 2012 por decretar una interceptación telefónica contra los protagonistas de una trama de alta corrupción política en el contexto en que, además, había iniciado investigaciones por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura franquista. La decisión de la ONU es una muy buena noticia para quienes pensamos que la única posibilidad de hacer justicia pasa por contar con jueces independientes e imparciales del poder político.

De acuerdo con la ONU, los procesos seguidos contra Garzón fueron arbitrarios y afectaron el debido proceso. Además de constatar que algunos jueces que lo juzgaron asistieron a las organizaciones de extrema derecha que lo denunciaron, se cuestiona que lo hayan condenado por una interpretación plausible de las normas. Es decir, al ordenar las escuchas, Garzón hizo una lectura del ordenamiento que no era abiertamente arbitraria, sino que tenía base. Tanta base que, de hecho, el juez que lo reemplazó continuó con las mismas sin recibir amonestación alguna.

Como bien señala José Manuel Santos Pais (ONU): “Los jueces deberían poder interpretar y aplicar la ley sin miedo a ser castigados o juzgados por el contenido de sus decisiones. Ello es fundamental para preservar la independencia judicial”. En otras palabras, no podemos esperar que la justicia cumpla su rol de salvar derechos y condenar a los poderosos por sus crímenes si no aseguramos un espacio de autonomía para que este trabajo pueda realizarse sin presiones ni interferencias. Si un juez se equivoca y no ha mediado corrupción, se debe apelar, no gatillar el pesado sistema penal.

Como aquí no nos libramos de estos excesos, hay que recordar la torpe reacción del Congreso pasado de denunciar por prevaricato a la jueza Blácido por suspender el concurso antirreglamentario con el que se pretendía nombrar al nuevo TC. Una denuncia que ya debería estar archivada.

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