[OPINIÓN] Javier Alonso de Belaunde: “Indultos sin gracia”

La campaña electoral ha puesto nuevamente sobre la mesa el tema de la atribución presidencial de conceder indultos. Keiko Fujimori ha sido explícita respecto a su intención de perdonar la pena de su padre. Mientras que los vaivenes y falta de claridad de Pedro Castillo indican que el propósito de liberar a Antauro Humala se mantiene incólume. Ambas posturas constituyen un problema grave para el estado constitucional de derecho.

Si bien el indulto es una figura cuya partida de nacimiento es eminentemente política, con la evolución del derecho ha adquirido ribetes distintos. Como cualquier otra atribución, potestad, facultad o función, está sometida a principios y valores superiores. La posibilidad de actuar con arbitrariedad ha quedado, pues, proscrita. Hoy existen límites jurídicos y los mismos son pasibles de control por los tribunales.

Límites como, por ejemplo –y sin perjuicio de los matices propios de que se trate de un indulto común o uno de tipo humanitario–, que la decisión respete las restricciones del legislador, no ignore a las víctimas, sea razonable y proporcional, tenga presente la gravedad de los delitos cometidos y, de ser el caso, considere medidas alternativas a la cancelación de la pena.

No basta, entonces, con señalar que la Constitución le confiere la potestad al presidente. Tampoco con interpretar la figura históricamente, como fuera la posición de Carlos Hakansson, actual candidato al TC. Su legitimidad y validez sí puede ser puesta en entredicho, como bien señala Manuel Atienza en un artículo del cual esta columna toma el título prestado (Palestra, 2018). Esta tendría que ser ya una lección aprendida luego de la inaplicación del indulto político de PPK a Fujimori por parte de la Corte Suprema. El allanamiento a un poder sin restricciones es una idea ajena al constitucionalismo.

Si la postura de los candidatos no cambia con claridad, se hace muy poco verosímil que cumplirán la Proclama Ciudadana que suscribieron. Esta pide respetar al estado de derecho. Más bien, se confirmaría el anuncio de un clima político, jurídico y social de confrontación en el país.