(OPINIÓN) Javier Alonso de Belaunde: Error ignorado, error repetido. (Foto: GEC)
(OPINIÓN) Javier Alonso de Belaunde: Error ignorado, error repetido. (Foto: GEC)

Todos los años la misma lección inicial: “Los 4 pasos fundamentales de toda actividad humana”. Planificación, ejecución, control y evaluación. El profesor Claudio Ferreira se afanaba por explicarnos que parte del éxito se debe a un cuidadoso cumplimiento de cada etapa. Una mala evaluación daba pie a una de sus máximas: error ignorado, error repetido. Y vaya que lo decía con autoridad. Era nuestro profesor de Historia. Lo he recordado al leer el reglamento del concurso para elegir al nuevo Tribunal Constitucional publicado ayer por el Congreso.

El Parlamento no ha reflexionado sobre los factores que llevaron a que los anteriores concursos fracasaran. Solo así se puede explicar que el reglamento repita fundamentalmente al anterior. ¿Cómo piensan los congresistas producir algo distinto haciendo lo mismo? Es un misterio. El diseño del concurso es uno de los factores más importantes para darle a la ciudadanía aquello a lo que tiene derecho: un TC integrado por magistrados y magistradas honestas, competentes, independientes, imparciales y valientes. Un mal diseño reduce las posibilidades de lograrlo. Peor aún, especialistas como Úrsula Indacochea han advertido que el nuevo reglamento contiene “peores reglas”.

De saque, se hizo de espaldas a la ciudadanía: no fue prepublicado para recibir aportes. Habilita la exclusión formalista de candidaturas al negar la posibilidad de subsanar la postulación. Repite la calificación numérica de la idoneidad moral en vez de evaluar si se tiene o no, con lo cual un candidato jalado en este rubro podría terminar siendo seleccionado. Esconde la motivación individual de las calificaciones de la entrevista, al mismo tiempo que le asigna un peso alto (40%), sembrando la posibilidad de subjetividad y arbitrariedad. Entre otros yerros.

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Pese a estos defectos, el Congreso debe preocuparse de hacer un concurso impecable por lealtad y compromiso constitucional. Siendo realistas, al menos debería hacerlo por estrategia: el control jurisdiccional de sus actos siempre está latente y, de cara a un posible conflicto con el Ejecutivo, no puede darse el lujo de que el concurso sea, como viene siendo, un factor que lo desprestigie ante la opinión pública.

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