[Opinión] Hugo Palma: ¿Seguridad ciudadana?

Por años, es la principal preocupación de los peruanos. La razón esencial de ser del Estado es proteger a los habitantes; no como creen tantos candidatos, asegurarles su situación económica.

No se puede enfrentar lo que no se entiende. Los políticos mantienen décadas su receta: 1) aumentar penas, 2) aumentar sueldos a policías y militares, y 3) comprar armas y equipos. Si ya se hizo, aguzan su ingenio: sacar a los militares a cuidar las calles y reponer la Instrucción Premilitar. Como no funciona, rematan con su fórmula mágica multiuso “boten al ministro”.

No extraña la ansiedad de millones de peruanos, agobiados por su desastroso presente, el futuro de sus hijos, la banalidad de perder salud, bienes y vida a manos de delincuentes e irresponsables. Las “noticias” son repetitivos y penosos relatos de atracos y asaltos a bancos, comercios y domicilios. Nuestros “accidentes” son normales y no limitan la tentación populista gubernamental de reducir requisitos, controles y sanciones, por el apoyo de conductores y propietarios de vehículos al precio de innumerables muertos y heridos.

Tras dos siglos, las autoridades civiles siguen sin interesarse seriamente en las complejas cuestiones de seguridad. Carecen de nociones y criterios sobre fenómenos productores de inseguridad, en dimensiones y velocidades sin precedentes. Sin visiones que integren lo global y lo local nuestra seguridad seguirá empeorando.

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¿Tienen idea del feroz impacto de la inseguridad en la confianza ciudadana en la democracia? ¿Que militarizar la seguridad no da resultados? ¿De la liberación de espacios por la “insurgencia criminal” vinculada a países vecinos, con “columnas armadas” capaces de enfrentar fuerzas militares? ¿De la profundidad de la penetración del Estado por el crimen organizado? ¿De que crece una criminalidad transnacional política de gobiernos de delincuentes que cooperan con sectores políticos en otros países?

Nada podrá hacerse si no se entiende la amenaza estratégica de la criminalidad transnacional organizada, que incorpora la delincuencia local –de los altos niveles del Estado y determinados empresarios hasta el atraco callejero– agrupada sólidamente por el hilo conductor de la corrupción, ya casi normalizada en el país.

Esto exige decisión política, “inteligencia criminal” y cooperación internacional. Pero no se ve nada de eso. Por el contrario, la dirigencia del partido de gobierno está condenada, investigada o fugada por corrupción. ¿A quiénes se ha entregado la inteligencia del Estado? ¿El ministro responsable del orden interno y la Policía Nacional no azuzaba hace días a cocaleros ilegales? ¿Un “embajador” no puede ocupar su cargo por investigación criminal? ¿No se ofrece más y más dinero a gobernadores y alcaldes, muchísimos investigados y procesados penalmente?

Obviamente, en su “política general”, el gobierno incluye su lista de buenas intenciones; duran como las de Año Nuevo. Como el peor inconveniente de la realidad es que existe, incrementar aquí y ahora la seguridad exigiría que los peruanos tomen un tranquilizante y se encierren en el sótano. Difícil, ¿no?

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