El resultado es lo que vemos. Presidentes, ministros, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales, más millares de ahijados, paisanos y familiares que metieron al Estado, son investigados, procesados y sentenciados. ¿Cuánto más abuso de autoridad, cobro indebido, enriquecimiento ilícito y malversación de fondos soportaremos los peruanos? ¿Dónde se autoriza a congresistas “visitar ministros” para “gestionar obras públicas”? ¿Cuánto cuestan las investigaciones? ¿Qué tiempo duran los procesos? Y, la cereza, de ir a la cárcel, rara vez, debemos mantenerlos. ¿Queremos alcanzar a Venezuela en nivel de corrupción?