[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Reformar el Estado: Floro versus resultados”

El Estado peruano en su conjunto arrastra taras de muchísimo tiempo, que están incluso implícitas en la cultura. La relación entre una autoridad y funcionarios con los ciudadanos es vertical, sin que la autoridad se sienta obligada a rendir cuentas ni el ciudadano a exigirlas.

Otra tara grave es la diferencia entre lo legal y lo real, que se refleja en el dicho “en el Perú hay muy buenas leyes, el problema es que no se cumplen”. Ese dicho en sí mismo, en mi opinión, refleja que el legislador no siente la obligación de ayudar a cambiar realidades, sino a imaginar situaciones ideales sin analizar su viabilidad. En una empresa privada despedirían al directorio y la plana gerencial si alguno arguye “las políticas de nuestra empresa son buenísimas, el único problema es que no se cumplen”. Diseñar una política obliga a pensar en su implementación y asegurar resultados, o a dejar el cargo.

La reforma del Estado busca generar un aparato estatal donde existan incentivos para que los funcionarios y autoridades sí rindan cuentas al ciudadano, se sientan obligados a una mejora continua y que los procesos por los cuales se tomen decisiones sean transparentes, meritocráticos y pensados en mejorar los niveles de vida del ciudadano.

Cambiar un Estado como el que tenemos a uno como el que deberíamos tener es un cambio cultural y no solo de reglas escritas. Cambiar normas y organizaciones solo son instrumentos para lograr cambios de cultura o no cambia nada, tal como advirtió Douglass North, premio nobel de Economía que estudió específicamente el rol de las instituciones en el desarrollo económico.

En Perú, por ejemplo, se ha logrado que la gente se ponga cinturón de seguridad. Es obvio que no es la ley ni la multa lo que lo explican, porque si así fuera no se incumpliría todo el resto del reglamento de tránsito sin que a nadie le importe un bledo.

A veces, incluso, las reglas cambian, pero la cultura las distorsiona a tal punto que generan lo contrario de lo que supuestamente buscaban. Es el caso, por ejemplo, de haber incorporado en muchas carreras públicas (docente, fiscal, judicial, etcétera), el requerimiento de maestrías y doctorados como requisitos supuestamente meritocráticos. Como no se hizo ningún esfuerzo relevante por ver si los títulos eran de calidad y relevantes para mejorar el servicio al ciudadano en sus respectivos campos, y en el marco de universidades de bajo nivel, empezó el mercado de títulos bamba directos o por intermediarios que hacían tesis que no aprueban turnitin.com. Por lógica probabilística, los casos que se conocen por denuncias deben ser un pequeño porcentaje de todos los casos en que esta práctica ha sido mal utilizada. Como debe haber muchos más involucrados en las mismas cuitas, es poco probable que haya alguna vez un esfuerzo serio por identificar a todos los plagiarios o magister o doctores fantasmas.

La cultura de cartoncito manda se impuso en modo hecha la ley, hecha la trampa. Si se quería de verdad que jueces y fiscales, o maestros, mejoraran, debió haberse definido los temas en que esos estudios de maestría eran relevantes y acreditar solo a algunos programas que evidenciaran que efectivamente generaban conocimiento útil para cumplir cada función. Además, debió volverse algo que sí fuera estimulado económicamente y con relevancia importante para la carrera pública en esos campos.

Sea en seguridad ciudadana (PNP, serenazgos, Ministerio Público, Poder Judicial, INPE) o en cualquier otro campo, mejorar el Estado implica identificar claramente qué se cambia normativamente y qué incentivos y mecanismos de verificación se incluyen para asegurar que el cambio es en serio y no de maquillaje.

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