Para eso, claramente, no basta un gobierno débil y menos un Congreso con baja aprobación e instinto autodestructivo insólito. En mi columna anterior recogí conclusiones de Carlos Basombrío (72 congresistas en mira de la fiscalía) y Fernando Vivas (incluso el congresista acusado de violador es protegido por el antejuicio, que debería aplicar solo a “función congresal”) que muestran que la proyección política hacia adelante es muy endeble todavía. Un esfuerzo así requeriría que participen más entidades, probablemente con participación del Acuerdo Nacional, y convendría que el Consejo de Estado, que insistentemente reclamó el Poder Judicial en su momento, también hiciera suya la hoja de ruta de la OECD, porque los requerimientos de fortalecer institucionalidad así lo requieren. No vivimos un momento ideal, pero es lo que hay. Si se quiere ir a una ruta que prometa mejoras y no estafe, es un camino que hay que intentar todo lo que se pueda.