[Opinión] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Competencia de incompetencia”

Actualizado el 08/10/2022, 07:00 a.m.

Cada semana se deteriora más, y por distintos frentes, el aparato estatal y la normativa que el Perú necesita para salir adelante. Esta semana el Ejecutivo nombró procurador a un defensor de narcotraficantes y el Congreso jefe de seguridad a alguien acusado por violación de derechos humanos. El Tribunal Constitucional, en una sentencia muy descuidada, desconoció que los fondos privados de pensiones son parte de la seguridad social, lo que no resiste análisis porque fue creado justamente para evitar sobrecargar al Estado con la pensión de todos. Del mismo cuero salen las correas, dice el refrán. El Congreso también permitió la intromisión del Ejecutivo en la Derrama Magisterial, lo que hace dudar si está camino a volverse puericultorio. Habrá que esperar las encuestas, pero negarle la autorización para que el presidente visite al Papa puede resultar bien impopular.

Como se ha desatado esta competencia por tomar malas decisiones, vale la pena advertir que está en cuarto intermedio desde julio la votación referida a derogar el decreto supremo que prohíbe la tercerización en actividades nucleares, lo cual es de una vaguedad gravísima y arriesga cerca de 100 mil empleos formales, según estimados de APOYO Consultoría (informe disponible en LinkedIn de APOYO Consultoría).

En adición a esta gravísima consecuencia de dicho decreto supremo, otro informe de Videnza Consultores señala el impacto que tendría sobre empresas públicas. En Sedapal se estima que más de 7,400 personas trabajan bajo esta modalidad y, de incorporarse a planilla, implicarían un costo adicional de S/ 524 millones, lo que obligaría a subir la tarifa en 28%. En el caso de empresas estatales de distribución eléctrica, ocurre el mismo efecto, en proporción menor.

Otro perjuicio adicional es a las empresas comunales que vienen dando servicios a las empresas mineras. En la última convención minera, Yhoel Rivera, hoy consultor de empresas comunales, luego de haber gerenciado una empresa de la comunidad en que nació, lo dijo con todas sus letras: las empresas comunales trabajan en actividades nucleares de la minería, como el transporte del mineral. La experiencia y visión de Yhoel es la de entrenarse para tareas de mayor valor agregado y que son parte del proceso nuclear.

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Por donde se le mire, ese decreto supremo debe ser derogado. El problema del empleo en el Perú, y nos lo enrostró la pandemia en la cara, con el vergonzoso récord de muertes por habitantes, es el empleo informal de casi cuatro de cada cinco peruanos, que no tienen ninguna protección ni beneficio social. Si a este gobierno le preocupan los pobres, tendría que empezar por ahí, no arriesgando el empleo de 100 mil trabajadores formales, ni obligando a empresas públicas a presentar demandas ante el propio Estado peruano para defenderse de la irresponsabilidad del MTPE, que actuó sin ningún análisis técnico de las implicancias y saltándose a la garrocha al Consejo Nacional del Trabajo. Y, encima, perjudicando a empresas comunales que han logrado ser parte de la cadena de valor del sector minero y que pueden ser un ejemplo por imitar en proyectos hoy día paralizados o en problemas.

La demanda por cobre y otros metales que se requieren para combatir el calentamiento global puede aprovecharse para sacar proyectos mineros que el Perú tiene, lo cual requiere pensar estrategias que faciliten su viabilidad, con estándares ambientales de minería formal moderna. Perú Libre obtuvo los municipios de distritos mineros y vale la pena recordar que fue Guido Bellido quien inauguró el Congreso de mineros artesanales en Apurímac, donde hay minería informal, con el mensaje polarizador de siempre.