(Foto: Congreso de la República)
(Foto: Congreso de la República)

La moción de vacancia aprobada por 28 votos le ha regalado al ala cerronista de la bancada de Perú Libre la capacidad de decidir si el presidente tiene que acudir al Congreso o no. El viernes pasado, Guido Bellido ya se presentaba en televisión como gran componedor, diciendo que la bancada debía estar sólida en contra de la vacancia y descartando acusaciones contra Dina Boluarte. El giro de 180 grados respecto a declaraciones, acciones y actitudes anteriores era sorprendente y, por ello, parecía claramente intencionado. Esta semana, Waldemar Cerrón se encargó de precisar un detallito: la cosa está en evaluación. Imposible no pensar en estrategia de policía bueno y malo para negociar hasta el día de la votación. Salvo que hubiera un escándalo tectónico, no habrá los 87 votos, pero Castillo igual preferirá no pasar por ese trámite que solo pondrá reflectores sobre sus varias carencias, errores y falta de reacción. ¿Quién puede impedir que pase por ese trago amargo? Cerrón. ¿Cuánto le va a cobrar por eso? Todo lo que pueda. ¿Cuál es su prioridad? La Asamblea Constituyente y el referéndum.

En el camino, los grupos vinculados a las protestas desde la derecha han atacado de manera inaceptable a distintos políticos y fomentado desorden, generando más polarización. El país está dividido todavía respecto de percepciones sobre el conflicto entre el gobierno y el Congreso. Las encuestas evidencian que se va ahondando un descrédito general. Habrá que medir si este conflicto desgasta más al Congreso que al Ejecutivo. En diciembre y con miedo de una posible tercera ola, los ciudadanos se pueden sentir más cerca de un Ejecutivo que entrega bonos y vacunas, además de escándalos, que del Congreso. Al votarse la vacancia, la gente puede estar harta de las peleas y denuncias desde el Congreso, donde posiblemente el ciudadano percibe más una búsqueda de protagonismo y pelea por el poder que una intención genuina de defender sus intereses. Ese posicionamiento lo tiene el Congreso desde hace años, es su marca institucional. Por ello, los ataques de Castillo al Congreso pueden tener eco, a pesar de que existen razones plenamente válidas para cuestionar muchísimos nombramientos, decisiones e indecisiones de política. No son pocas ni banales, implican graves retrocesos en reformas que benefician a los ciudadanos, como en la carrera magisterial, la reforma del transporte, el cultivo de coca y el narcotráfico, la falta de confianza de la inversión respecto a la estabilidad de reglas y buena fe de los funcionarios, etcétera.

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Que este es un gobierno sumamente desordenado no necesita decirse. Un punto común de varias intervenciones en ese caos es la coordinación con actores que están en falta con la norma: transportistas informales, profesores que no pasan evaluaciones, cocaleros no empadronados, etc. Eso implica una característica común: son bases que pueden movilizarse si es que se les ofrece lo que buscan. Y las elecciones están a la vuelta de la esquina.

Una de las desgracias de no tener partidos políticos sólidos es el cortoplacismo absoluto, la incapacidad de colaborar entre partidos porque políticamente es más relevante ganar la pelea inmediata. El problema en Perú es que ya el cortoplacismo se está haciendo demasiado corto. El futuro del país no se puede jugar tan a la ligera.

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