[OPINIÓN] Felipe Morris: “Informalidad, falta de prevención e irresponsabilidad”

Las inundaciones y huaicos recientes una vez más nos recuerdan la falta de prevención e incapacidad de nuestro Estado para enfrentar problemas que sabemos que son recurrentes ante la falta de medidas correctivas. Aquí debemos distinguir entre inundaciones y daños que ocurren en ciudades por drenajes inadecuados y pobre canalización de ríos; y aquellos problemas que se deben a la construcción en quebradas y cauces, muchas veces con el beneplácito de las autoridades locales.

La culpa es compartida entre autoridades incompetentes y corruptas, muchas veces coludidas con mafias de terrenos, y una población que en su desesperación por hacerse de una vivienda minimiza los grandes riesgos de construirlas en dichas zonas. Una historia que se repite cada cierto tiempo deja de ser noticia y luego reaparece por la falta de prevención. La llamada Reconstrucción con Cambios, al final no cambió nada, porque el problema es estructural y excede a lo que podría hacer una sola institución, por eficiente que esta pueda ser (que no fue el caso).

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En el país hay más de un millón de viviendas en riesgo, construidas en laderas y cerros inestables y arenosos, en quebradas de ríos o en rellenos sanitarios. Alrededor del 80% de las viviendas en el país fue construido informalmente, casi la mitad de ellas sin respetar reglamentos de construcción, a vista y paciencia de las autoridades municipales. El Estado no es capaz de proveer terrenos con vocación urbana, lo que lleva a la ocupación informal del suelo mediante invasiones y construcción informal, con altos costos económicos, sociales y ambientales. Durante años, el Ministerio de Vivienda anuncia que lanzará medidas para atacar estos problemas, que nunca se materializan, mientras la situación se agrava. Los responsables de la tarea de prevención son los gobiernos locales, que además conocen de cerca la problemática en sus jurisdicciones, pero no la van a acometer si no se lo demanda la población.

Si las autoridades distritales y provinciales no asumen su responsabilidad para inventariar las zonas en riesgo e implementar acciones preventivas, este drama se volverá a repetir. Estas acciones no solo implican mejoras de drenajes fluviales, reforzamientos de cauces, y tratamiento integral de las quebradas, sino también la reubicación de las viviendas construidas en zonas de riesgo y la prohibición de nuevas construcciones. No podemos soslayar que existe una culpa compartida entre autoridades indolentes, incapaces y muchas veces corruptas y una población que las elige y asume riesgos indebidos. Los ciudadanos deben elegir mejor a sus autoridades locales y exigirles que prioricen estas obras sobre cualquier otra. Más fácil decirlo que hacerlo, pero es de importancia crítica.

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