[Opinión] Felipe Morris: ¿Éramos felices y no lo sabíamos?

Lo acontecido en el Perú en la segunda vuelta electoral desnuda nuestros graves problemas de institucionalidad. La ONPE tuvo serias deficiencias en el control de los miembros de mesa que se instalaban, aceptando la participación de personas que no debían serlo: y en la supervisión y recepción de actas, al no darse cuenta de firmas ilegítimas, entre otras faltas graves. El JNE tampoco ayudó con sus inexplicables marchas y contramarchas en las fechas de aceptación de nuevas impugnaciones.

Algunos tratan de pasar por agua tibia estos indicios de fraude llamándolos eufemísticamente “irregularidades”. Argumentan que solo hay fraude si participan las autoridades electorales, lo que es falso. Comete fraude el que se roba un voto, y esto es un delito. Sin perjuicio de los resultados electorales, aquellos que hubieran contribuido a un fraude, por acción u omisión, deberían ser procesados. El JNE debe resolver las actas impugnadas basado en los hechos y revisar toda irregularidad que le informan. Si no despeja hasta la última duda, gane quien gane, la legitimidad de ese nuevo gobierno será cuestionada.

¿Cuántas veces dijimos que habíamos tocado fondo para darnos cuenta después de que nos equivocamos? A ocho días de las elecciones, lo único claro es que quien sea el próximo presidente va a tener muy poca legitimidad por las “irregularidades” en el proceso electoral. Pase lo que pase, el perdedor dirá que le robaron la elección. Más del 70% de la población considera que ha habido fraude. Gobernará en un contexto muy polarizado, con demandas sociales muy grandes, y enfrentado a un Congreso muy fragmentado.

Las cosas no se vislumbran bien, en ninguno de los dos casos, aunque esta debilidad puede convertirse en algo positivo porque podría impedir que se intente introducir políticas radicales que causarían mucha inestabilidad y daño o modificar la Constitución por la puerta falsa.

Los dados ya están jugados y en unos días tendremos un nuevo presidente. Allí empezará un nuevo juego político donde la población debe ser vigilante y exigir al nuevo Gobierno y al Congreso que garanticen las libertades individuales y económicas y la sostenibilidad macroeconómica del país; y que concentren sus esfuerzos en fortalecer el funcionamiento del Estado y las instituciones. Debemos empezar por las reformas del Estado, política, del Poder Judicial y electoral y de la descentralización. Grandes retos para un gobierno y Congreso muy débiles. Parece que éramos felices, pero no lo sabíamos.