La erupción de julio de 2019, que dispersó ceniza en Moquegua, Puno y Tacna y afectó a cerca de 30,000 personas, motivó la construcción de un albergue temporal en la localidad vecina de Sirahuaya, para evacuar a personas en riesgo inminente. Cuatro años después, en el pico de un nuevo proceso eruptivo monitoreado eficientemente por Ingemmet e IGP, estos emitieron alerta naranja y recomendaron evacuar las poblaciones aledañas al volcán, algo que las autoridades locales y regionales no cumplieron. Según uno de los investigadores que me acompañó, la omisión pudo ser fatal, ya que una noche el volcán emitió proyectiles de tamaño suficiente como para matar humanos y animales, de haber ocurrido de día. ¿Por qué no se hizo caso a la ciencia? La gobernadora regional de Moquegua indicó que el albergue no se encontraba operativo y carecía de agua, desagüe y electricidad, apuntando a que la obra fue abandonada por la gestión anterior. La Defensoría, por su parte, alertó que el albergue se encontraba cerrado y sin presencia de funcionarios regionales ni municipales, algo que también constaté durante mi visita a esta costosa obra que increíblemente, está inconclusa, no tiene uso alternativo y carece de mantenimiento.