La presentación del proyecto de ley de la congresista Adriana Tudela sobre el cine peruano es una oportunidad para repensar cómo hacer viable la producción cinematográfica y audiovisual en el país. Es momento de debatir este tema y no caer ante las voces que intentan condenar inmediatamente la propuesta. Es importante interesarse, documentarse y opinar sobre el financiamiento público del cine peruano porque el gasto de los impuestos de los ciudadanos concierne a todos.
El proyecto de Adriana Tudela es un nuevo intento para generar incentivos que permitan producir más cine en el país y que este sea viable en el tiempo. Ella plantea estímulos económicos y tributarios para que el privado invierta en obras cinematográficas y audiovisuales; que el país sea más atractivo a la industria extranjera y limitar el financiamiento al 50% del costo de producción como tope de los subsidios.
Lamentablemente, hay que aceptar que —puede sonar crudo—, salvo excepciones, el cine peruano hasta ahora ha sido un fracaso comercialmente y también en cuanto a su calidad artística. Y las pocas películas aclamadas son más vistas en el extranjero que en el Perú. Por eso, llama la atención las alertas sobre que este proyecto de ley intenta destruir el cine nacional cuando aún no se ha logrado construir una industria sostenible.
Si los mismos detractores del proyecto indican que reduciendo el financiamiento es inviable hacer cine en el país, quiere decir que hacer cine en el país de la forma en que se ha estado haciendo es inviable.
Además, la propuesta de Tudela ingresa en un contexto en el que desde hace algunos años se ha comenzado a cuestionar las películas que han recibido estímulos económicos del Ministerio de Cultura. El principal problema es que algunas de ellas son más propaganda política que arte, como la “aclamada” cinta que hicieron al dictador Velasco. Por eso, es necesario también una autocrítica a los responsables de decidir qué proyectos son premiados con incentivos.
Financiar ciertas películas que tienen un mismo sesgo político perjudica a otros proyectos más genuinos, ya que genera el rechazo de la población de cómo se está gastando su dinero. Incluso se comienza a creer que el Estado mantiene continuamente a un grupo de ociosos que no hace cine, sino propaganda —esto no contradice que sí puede haber una argolla o un grupo de artistas que sean los más beneficiados por estos incentivos—. La realidad es que los realizadores de películas que logran el financiamiento del Estado deben seguir buscando otros fondos para cubrir el costo total de la producción.
El país debe apostar por buscar nuevas soluciones para fortalecer esta industria involucrando al privado y fomentando la competencia. Esta última palabra debe ser tomada por los artistas como parte natural de su proceso de producir y vender arte y vivir de él. El problema es que a muchos de ellos hablar de “competencia” les genera aversión. Pareciera que en sus reclamos en contra de la propuesta realmente creyeran que están por encima del resto, que no deben ensuciarse las manos en comercializar con su arte por considerarse a sí mismos pilares de la cultura.
Hacer arte y, específicamente, cine en el Perú siempre ha sido difícil y costoso. De hecho, para algunos es un lujo. Por ello, el país debe apostar por buscar nuevas soluciones para fortalecer esta industria. No se trata de eliminar los subsidios, pero sí de revisar y transparentar la forma de selección de los proyectos ganadores para que la población no considere que continuamente se favorece a un sector.