Congreso busca combatir la violencia sexual. (Mario Zapata)
Congreso busca combatir la violencia sexual. (Mario Zapata)

A mediados de 2016, once alumnas del colegio 112 de la provincia cajamarquina de Cajabamba denunciaron haber sido violadas por uno de sus profesores. Luego de las investigaciones de rigor, sin embargo, se estableció que no fueron once sino dieciocho las pequeñas agredidas. El sujeto fue capturado y recluido en un penal donde finalmente se suicidó.

El año pasado, en noviembre, cinco alumnas de Huánuco denunciaron a sus maestros por haberlas violado. Producto de esa agresión quedaron embarazadas. Semanas después, tres estudiantes de un colegio de San Juan de Lurigancho, en Lima, acusaron a su profesor de Educación Física de haber abusado de ellas. Por esas mismas fechas se conoció también el caso de una profesora de Ventanilla que sedujo a una de sus alumnas.

La violencia sexual en las escuelas no es, pues, una realidad ajena para nuestros niños. De acuerdo con cifras proporcionadas por el portal web Síseve (www.siseve.pe) del Ministerio de Educación, en los últimos cinco años, entre setiembre de 2013 y octubre último, se han reportado 3,274 casos de violencia sexual contra escolares de colegios públicos y privados.

Pero ¿cuál ha sido el destino de esos malos docentes que traicionaron la confianza de aquellos a los que debieron guiar y proteger? Algunos fueron separados de las aulas. Otros, como la profesora de Ventanilla, solo fueron apartados de la labor docente y se reubicaron en un puesto administrativo dentro del mismo sector.

Por todo esto, la aprobación, por parte del Congreso de la República, de una norma para inhabilitar con carácter permanente al docente destituido por conducta de hostigamiento sexual se constituye en una herramienta importante de protección a esas víctimas silentes de la violencia sexual, pero también del miedo, la indiferencia y el dolor.

Hace un par de meses, el Ministerio de Educación separó a aproximadamente 600 profesores y administrativos de colegios públicos sentenciados por delitos de violación sexual. Hoy, el Estado tiene el instrumento legal para impedir que esos delincuentes vuelvan a atemorizar a nuestros niños, esta vez de manera definitiva. Bien por eso.

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