“Es evidente la intención de machacar que la empresa privada es malvada, que por lucro especula con los impuestos, sacrificando hospitales y escuelas”. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)
“Es evidente la intención de machacar que la empresa privada es malvada, que por lucro especula con los impuestos, sacrificando hospitales y escuelas”. (Foto: Violeta Ayasta / GEC)

Somos millonarios y no lo sabíamos. En una nota de esta semana, el portal Ojo Público determina que 99 grandes empresas deben 28 mil millones de soles en impuestos. Compara que ese monto es siete veces el gasto público en salud por pandemia. Visto así, es un dineral. Razón de más tendría el si pretendiese cubrir el déficit fiscal cobrando esa deuda. Sin embargo, el mismo portal agrega que solo el 14% es cobrable, porque el restante 86% está en litigio. A ver si nos entendemos: si hay litigio, no hay deuda todavía. Entonces, ¿por qué sabiendo que no lo es, se le sigue llamando deuda?

Es evidente la intención de machacar que la empresa privada es malvada, que por lucro especula con los impuestos, sacrificando hospitales y escuelas para los demás peruanos. Pero eso no es verdad, aunque solo fuese por razones estrictamente monetarias. Mire usted: si uno litiga, el valor del impuesto se incrementa por multas y por intereses más altos que los bancarios. En el primer año de litigio alcanza al 170% del valor inicial. Con el tiempo, ese valor se multiplica dos, tres, cuatro o más veces. Demasiado riesgo, es más barato pagar impuestos que litigar. Una empresa seria solo litiga cuando tiene la razón. Bajo este criterio, gran parte de la llamada deuda tributaria no existe.

Es verdad que hay empresas que litigan sin razón, pero lo hacen para ganar tiempo, porque andan en problemas financieros. El portal indica que el 7% del valor analizado es de empresas insolventes, metidas en procesos concursales para ver si los acreedores las resucitan o las mandan a la quiebra. También hay las que especulan esperando alguna amnistía o, ya en abierto delito, para transferir el negocio a otra empresa y dejar colgados a sus acreedores. Pero esto solo es posible porque el litigio tributario dura toda una vida. Solo en el Tribunal Fiscal hay casos que tardan diez años. Allí se concentra el 67% del valor total.

Esa demora ha sido sancionada por el Tribunal Constitucional, que desconoce los intereses por el tiempo que excede a los plazos máximos que tiene el Tribunal Fiscal para resolver y, dadas algunas condiciones, autoriza que las deudas muy antiguas ya no se puedan cobrar. El Estado es quien puede agilizar los procesos y destrabar la acumulación de litigios. Proyectos y propuestas sobran. Entonces, el malo de la película es el Estado mismo y no la gran empresa privada. Cuando el problema es técnico, la pura ideología no debe ganar. Responsabilidad para entender bien, para explicar todo y para mejores propuestas.