(Foto: Gobierno Peruano)
(Foto: Gobierno Peruano)

Tres días antes del bicentenario se creó un tributo que permitirá al Estado quedarse con las dos terceras partes del mayor valor de casas y terrenos. Mire usted: hasta 50% por el nuevo tributo y hasta 15% por el Impuesto a la Renta. Además, sobre el valor total, se paga hasta un 2% anual de impuesto predial y un 3% de alcabala por venta. Así que ya no será necesario que el gobierno expropie a la antigua. Bastará que cobre tributos. Suena revolucionario, pero causa tiene. Ejemplos: en Chinchero la propiedad no tenía valor comercial; con la posibilidad del aeropuerto el metro cuadrado subió a US$3,000; si por cambio de zonificación se puede construir 20 pisos donde antes solo se podía 2, el precio del terreno se multiplica por 10; los terrenos eriazos valen casi nada lejos de la ciudad, pero cuando ella los alcanza, su valor se multiplica a veces por 100.

En estos casos, el mayor valor no lo genera el propietario sino actos de gobierno: la ejecución de proyectos públicos, o normas que autorizan un mayor uso de los suelos, o inversiones en servicios públicos (agua, electricidad, infraestructura) que llegan con el crecimiento de la ciudad. Si el Estado es el que genera ese mayor valor, tiene lógica que quiera apropiarse de esa plusvalía. El nuevo tributo se reduce si el terreno se destina a viviendas de interés social y se debe pagar cuando se aprueben las obras de habilitación urbana, o se declare la construcción o se venda. En resumen, la propiedad predial ha dejado de ser un activo de especulación financiera y el Estado tendrá mayores recursos para financiar el desarrollo urbano.

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¿Para qué? Según el Ministerio de Vivienda, más de un tercio de la población carece de vivienda con servicios mínimos. Esa fue una de las causas de la gran mortalidad por la pandemia, porque el “quédate en casa” y el “lávate las manos”, que fueron los primeros auxilios, eran surrealistas para una buena parte de peruanos sin casa y sin agua. Así que está muy bien generar recursos para planificar el desarrollo urbano, invertir en vivienda y ampliar los servicios públicos. Lo que está mal es que antes no se hayan corregido los problemas de corrupción y de mala gestión pública ni se ha ordenado el caos de competencias entre distritos, provincias y regiones. Para evitar el derroche fiscal, el dinero de los tributos debería quedar en fideicomisos y solo utilizarse contra proyectos bien diseñados y sujetos a control. Fiscalizar el gasto público es una obligación en favor de los más pobres y, así, también se hace democracia.

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