[OPINIÓN] César Luna Victoria: “Madrugada andina”

En cine, saber iluminar es clave. Ahora hay tanta tecnología que nada asombra. Pero en su época, una escena de día se podía hacer pasar como de noche aplicando determinada iluminación. La técnica se llamaba la “noche americana”. Contando esa historia, Francois Truffaut ganó el Oscar en 1973. Pero lo que en cine es bueno, en política es fatal. Engaña quien oculta parte de la realidad, usualmente la más relevante; o la disfraza para mostrar otra cosa. Es lo que hemos hecho con el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre las protestas sociales recientes. El informe duele porque concluye que hubo violaciones de derechos. Sin embargo, lo criticamos poniendo luz en partes que no gustan, sacrificando incluso lo cierto de otras. Veamos. A la derecha no gusta que se diga que somos una economía esencialmente extractiva (minera), que las regalías no han ayudado a reducir desigualdades y que esa insatisfacción era una de las fuentes de la protesta (párrafo 32); en tanto que a la izquierda no gusta que se diga que Castillo fue el que dio el golpe y que se felicite la rápida actuación de las demás instituciones para reestablecer el orden constitucional (párrafo 62).

A unos tampoco gusta que se diga que la gran mayoría de los conflictos son por razones sociales o ambientales contra la minería (párrafo 33); en tanto que a otros no gusta que se diga que nuestra economía es informal y criminal, por el narcotráfico y la minería ilegal (párrafos 19 y 23). Convengamos, entonces, que el informe dice lo que ya sabemos y no ha tenido favoritos. Sin embargo, en ese afán por criticar, olvidamos evaluar los detalles de la represión policial, que era la esencia del informe. El informe distingue, por ejemplo, la represión en Juliaca (párrafos 162 a 178) de la que hubo en Ayacucho (párrafos 140 a 161). En Juliaca reconoce que la protesta quería capturar el aeropuerto, atacó a las fuerzas policiales, destruyó propiedades públicas y privadas y concluye que la respuesta policial fue desproporcionada; mientras que en Ayacucho, donde la confrontación fue mucho menor, la respuesta fue una masacre con ejecuciones extrajudiciales (párrafos 290 y 291). ¿Qué pasó en Ayacucho? La hipótesis es que hay mucha historia detrás, que durante la lucha contra Sendero funcionó en Ayacucho un centro clandestino de detenciones y tortura, con horno incluido para desapariciones forzadas (cuartel Los Cabitos). Habrá que preguntarnos si subsisten cuentas pendientes, porque, si fuese así, tenemos latente un muy grave conflicto social.

Toda sociedad debe saber defenderse y su primera obligación es tener ejército, policía y servicio de Inteligencia de gran calidad, pero deben estar sometidos al control político. Pareciera que ese control resta autoridad y limita eficacias. Pero no es así. En el mundo empresarial, por ejemplo, tenemos contralorías internas y auditorías externas como controles que mejoran un buen gobierno corporativo. En la guerra contra Sendero, la violación de los derechos humanos apareció por ausencia de control. Es lo que otro informe, el de la Comisión de la Verdad, llama la abdicación de la responsabilidad democrática. Interpretamos que eso fue el golpe de Fujimori en 1992 (párrafo 68), cuando el informe concluye que la abdicación la empezó Belaúnde (párrafos 86 y 87) y la continuó García (párrafos 92, 93 y 97) al conceder autonomía política a las autoridades militares. Miren cómo cambian las cosas. Nos hemos quejado de que nuestras fuerzas armadas y policía nacional necesitan más respaldo para enfrentar violencias y creemos que eso es más presupuesto. Sin embargo, cuando hay conflictos sociales no hacemos un buen diagnóstico, nos ponemos de costado y mandamos a policías y militares para vean lo que puedan hacer. Luego, cuando hay excesos, nos debatimos entre darles impunidad o echarle la culpa a un par de desquiciados. Eso es cobardía. Para los conflictos que vienen, tenemos que asumir la responsabilidad política de tener bajo control el poder militar. Lo manda la Constitución.