[Opinión] César Luna Victoria: “Desastres a borbotones, soluciones en cuentagotas”

¿En qué se parecen el derrame de petróleo en el mar de Ventanilla de esta semana, la paralización de la mina Las Bambas y el paro agrario? Me dirá que cada uno es un desastre que trae, en dosis distintas, crímenes ecológicos, pérdidas económicas, turbulencias sociales y ausencia del Estado. Tiene razón, pero esa no es la semejanza que preocupa más. Descubro, desde mi deformación profesional, que cada uno de esos desastres ha sido explicado desde sus causas jurídicas y que lo que se ha pretendido resolver son sus consecuencias jurídicas. Este es el problema mayor.

El paro agrario fue explicado porque a los trabajadores rurales se les pagaba menos que el mínimo, no gozaban de beneficios sociales y, en medio de la pandemia, no accedían a los servicios de salud. Se argumentó que esa precariedad laboral era típica en las pequeñas y medianas empresas, sobre todo andinas; que las grandes empresas exportadoras solían cumplir las leyes. No importó, la solución fue derogar la Ley de Promoción Agraria, reducir sus beneficios e incrementar los costos laborales. Ahora las empresas exportadoras soportan el ajuste, pero no las pequeñas y medianas empresas. La informalidad laboral sigue tal cual, o peor.

La paralización de Las Bambas fue por el bloqueo de carreteras. El mineral se lleva por tierra desde la mina en Cotabambas hasta el puerto de Matarani. No es poca cosa, cada minuto pasa un camión de gran tonelaje. Vibra la tierra, levanta polvo, daña los cultivos y perjudica el medio ambiente. ¿Por qué no se previó un mineroducto, como lo hace Antamina en Áncash? Porque salía muy caro. Pues bien, ese ahorro se está consumiendo en los conflictos sociales. La minera tiene razón cuando alega que no está obligada a contratar los servicios de las comunidades, tal como lo exigen para levantar el bloqueo. Pero, en ese contexto, la eficiencia financiera de laboratorio no resulta tan eficaz en la realidad.

El derrame de petróleo va por el mismo camino. Ocurrido el desastre, nos la pasamos viendo quién tiene la culpa: si la Marina, que no avisó; o si Repsol, que siguió transfiriendo petróleo del buque a sus almacenes en medio del “oleaje anómalo”. Las autoridades reguladoras y supervisoras tampoco se libran, por parálisis o por ausencia. A cada quien preocupa más lo que deban pagar por indemnizaciones que reparar el daño con la urgencia que se requiere. Lamentablemente, limpiar petróleo del mar no es cosa simple, ni se hace con esponjas ni escobas, como se pretende. Mientras tanto, 100 km de costa contaminada y pérdidas no calculadas en vidas de animales y plantas.

En resumen. El problema agrario es de competitividad; si no hay cultivos rentables, no hay de dónde pagar más. El problema minero es de redistribución, el Estado no invierte con eficiencia los impuestos que recauda. El desastre del derrame es porque no hay protocolos de seguridad o no funcionan o no se ejecutan. Los problemas son de otro tipo, no son legales. En este caso, el Derecho distrae. Primero se deben diagnosticar mejor los problemas para luego darles solución adecuada. El Derecho viene después, para determinar responsabilidades y para recoger en leyes las nuevas reglas.