[OPINIÓN] César Luna Victoria: Corte y confección

Se sabe que el presidente, o su entorno por cuenta de él, ha robado y, cuando ha sido pillado, ha destruido pruebas, ocultado testigos y obstruido investigaciones. Terminará en la cárcel o vergonzosamente asilado. Ese es su problema. Pero nosotros tenemos dos problemas mayores. El primero es cómo lo acusamos. La denuncia de la fiscal de la Nación para una denuncia constitucional no es contundente. Como se conoce, la Constitución solo autoriza que el presidente sea acusado por cuatro delitos, ninguno por corrupción. La fiscal pide que se aplique una convención internacional que autoriza la destitución de funcionarios corruptos. Pero se debe determinar si esa convención es aplicable a este caso. Para que lo sea, debería tratar sobre derechos humanos, porque solo en ese supuesto sus normas tendrían rango contitucional. Pareciera que una regulación sobre corrupción no es una sobre derechos humanos. Pero, asumiendo que lo fuese, tendríamos dos normas contrarias. ¿Cuál prevalece? Pues la de la Constitución, pero no por su naturaleza, sino porque es una norma “cerrada”, que establece que el presidente “solo” puede ser acusado por unos delitos. Por ser limitativa, su interpretación debe ser restrictiva y no admite ampliaciones. Lógica, además, porque su razón es dar estabilidad al presidente, para que no sea destituido por cualquier excusa. Claro está que es una norma que fue pensada en un presidente de verdad, pero beneficia al que tenemos, aunque no guste.

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Otro tema son los votos. El Congreso no ha reunido los 87 votos para vacar al presidente por incapacidad moral. Para acusarlo, según la denuncia fiscal, se requieren 17 votos en la Comisión Permanente y 66 votos adicionales en el Pleno, un total de 83. Parece que tampoco los tienen. Lo grave es preocuparnos más en cómo se consiguen los votos que en evaluar si hay razones constitucionales para destituir o suspender al presidente. La mala práctica no es de ahora; empezó contra el presidente Fujimori. Había renunciado y, para seguir adelante, el Congreso solo debía aceptarla. Pero no, se le quería destituir y se le destituyó. En esa oportunidad se tuvieron los votos. Pero se malogró la Constitución porque, luego nos daríamos cuenta, la incapacidad moral era, más bien, incapacidad mental y no mala conducta ética. Ese precedente inventó un juicio político que no estaba en la Constitución, para el que bastaba tener votos para vacar a un presidente. De la fuerza de la razón pasamos a la fuerza de los votos. Así se jaqueó a Kuczynski hasta que renunció y, luego, se vacó a Vizcarra. Si contra Castillo se consiguen los votos, habremos perforado otra vez la Constitución.

El segundo problema es que el problema no es Castillo. Tenemos conflictos por todos lados: no se ha designado al defensor del Pueblo por un pleito entre el Poder Judicial que ordena se respeten protocolos de transparencia y el Congreso que reclama autonomía. Los Gaucamayo Leaks son una filtración de correos de las Fuerzas Armadas que revelan una vigilancia indebida contra organizaciones de izquierda y no pasa nada. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) está paralizada y no resuelve un conflicto en la cuenca del río Tambo; mientras tanto, Quellaveco no opera. El Ministerio de Medio Ambiente no declara emergencia nacional por derrame de petróleo y el desamparo en las comunidades de Parinari y Urarinas crece y no aguantan más. El Ministerio de Justicia designa a un procurador general que renuncia a los tres días por graves acusaciones y el Poder Judicial repone al que fue destituido. Los conflictos nos están sobrepasado, no se resuelven y van a estallar, con o sin Castillo.

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