Foto: EFE/Ricardo Maldonado Rozo
Foto: EFE/Ricardo Maldonado Rozo

Esta semana, en Colombia han muerto 25 personas por protestas contra una reforma tributaria. El Gobierno retiró la propuesta, pero las protestas continuaron. En octubre de 2019, en Chile murieron otras 36 personas por protestas contra un aumento del precio del pasaje del metro. El Gobierno eliminó el ajuste, pero las protestas continuaron. En cada caso el retroceso del Gobierno no calmó porque detonaron reclamos mayores. En Colombia se reivindicaron derechos humanos asociados a la guerra interna, a pesar de tener un proceso de paz. En Chile se liberaron descontentos por servicios públicos, a pesar de la innegable mejoría en la calidad de vida. Además de muertos, desaparecidos y heridos, en las protestas se destruyeron propiedades públicas y privadas, se paralizó la economía y se generó inseguridad. En Colombia falta hacer cuentas, pero en Chile ya se hicieron. Se perdieron unos tres cientos mil empleos y tres mil millones de dólares, lo que vale un gran proyecto de inversión púbica. El proceso en Chile ha derivado en una asamblea para una nueva Constitución. Veremos cómo decanta lo de Colombia.

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Hay que mirarnos en esos espejos. Chile, Colombia y Perú somos las economías más sólidas en la región, las que más han reducido la pobreza y las que mejor desarrollo social prometían. A pesar de esa prosperidad, es evidente que hay carencias y frustraciones que se acumulan por años. Hasta que un día explotan. Al final los conflictos sociales se resuelven. Ese no es el problema, sino cuánto nos va a costar resolverlos: cuánta violencia, cuántos empleos y cuánto tiempo por cuántas generaciones más. Habrá que recordar que en agosto de 1990 el Gobierno ajustó brutalmente la economía, liberó precios y todo costó muchísimo más. Si no hubo desborde social, fue porque la gente, harta de inflaciones y terrorismos, apostó a que ese ajuste de precios sería eficaz y creyó en el Gobierno. Por un buen tiempo tuvimos paz social y crecimiento. Ahora hay que reconocer que necesitamos otro ajuste enorme, esta vez social. Mejores servicios públicos de calidad tan pronto como se pueda, financiar ese mayor gasto social combinando impuestos y deuda para evitar la quiebra fiscal, gerencia y eficiencia en la ejecución del gasto público y mucho liderazgo de las autoridades. Por eso hay que elegir a quien escuche los reclamos, ofrezca el ajuste social, sepa cómo hacerlo, proponga los equipos para gerenciarlo y transmita esperanza de que será eficaz. Que nos merecemos prosperar en paz y, mire usted, esta vez depende solo de nosotros.

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