(Foto: GEC)
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Ya se ha hecho costumbre enterarnos que determinados funcionarios favorecieron a personas cercanas para que sean contratadas en diversos puestos públicos. No tienen los méritos, pero sí el contacto.

Se sostiene que Perú tiene un modelo basado en el mercado. Sostengo que tiene algunos elementos que constituyen una economía social de mercado, pero no todos. Ni siquiera estoy seguro si tiene un modelo. Los casos de corrupción que se han destapado en los últimos tiempos, tanto en el sector privado como en el público, así como el hecho de que funcionarios del gobierno actual favorezcan a algunos sobre otros, configuran un escenario donde el mérito parece no importar. Esta realidad muestra que para lograr algo en nuestro país, necesitas tener contactos con funcionarios públicos de distintos niveles. Digamos que quiero hacer una carretera y postulo a un concurso público. Si estoy conectado con quien decide, gano la licitación, pero a cambio de favores futuros. Necesito una licencia para poner un negocio. Tengo que conversar con las personas encargadas que casi parece que nos hicieran un favor. Eso no es libre mercado; es mercantilismo, corrupción e incapacidad. No generalizo, pues conozco funcionarios honestos, pero son la minoría.

El mercantilismo, estrategia por la cual se logran objetivos no por méritos, sino por conexiones con el poder, es opuesto al libre mercado. Y esa es una conducta típica en el Perú que se debe desterrar. El libre mercado se basa en decisiones individuales en igualdad de condiciones, y en un Estado que provea los servicios básicos justamente para lograrla. Se llama liberalismo. En nuestro país, los ganadores son quienes tienen contactos en el Poder Judicial o cualquier ente público que tome decisiones, por lo que se convierte en una apuesta sin riesgo. Y esa corrupción no es gratis, sino a cambio de desvío de recursos que perjudica al país. Miremos el caso de Odebrecht, sobre el cual, más allá de las prisiones preventivas, las sentencias brillan por su ausencia.

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Segundo, en la medida que los mercantilistas logran más objetivos que aquellos que no tienen sus conexiones, la riqueza se concentra en unos pocos. La desigualdad de ingresos se deteriora. Y la convulsión social aumenta. Uno de los principales objetivos que algún gobierno tiene que enfrentar es la eliminación de la corrupción y la economía de favores. El mercado no puede funcionar así. Sin embargo, se le culpa y –más allá de la posición ideológica de cada uno– es un error. Sin reglas claras e iguales para todos, no hay mercado que opere ni un Estado que redistribuya los beneficios del mercado. El problema es institucional.

Entiendo nuestra frustración como ciudadanos. Pero veamos que la raíz del problema no está en la estrategia económica pues esta se asienta en una realidad institucional, caracterizada por altos niveles de corrupción e incapacidad de gestión. La alta desigualdad de acceso a servicios básicos tampoco ha sido enfrentada. Pasar a más Estado no solucionará nada, ni tampoco lo hará quedarnos como estamos. O hacemos las reformas de salud, educación, pensiones y de acceso a servicios básicos para todos, o no habrá modelo que funcione.

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