(Foto: Leandro Britto/ @photo.gec)
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Todos estamos de acuerdo en que el objetivo es elevar el bienestar de todos. Nadie está en contra de ello. Lo que nos diferencia es el cómo lo logramos. Algunos piensan que se conseguiría con una mayor intervención estatal en la economía, mientras que otros sostienen lo contrario. Todos somos libres de estar en favor de cualquier postura. Las discusiones llegan a situaciones delirantes, en especial en las redes sociales, donde se piensa que no estar de acuerdo significa ser enemigo. Y comienzan las descalificaciones personales. No somos propositivos.

La intolerancia no es un símbolo de la democracia. Nadie puede ni debe imponerle nada a nadie. Sin embargo, todo parece ser un campo de batalla, en que aparentemente gana quien insulta más y descalifica mejor a quien piensa de otra forma.

En las sociedades polarizadas como la nuestra, 2+2=3; si, en cambio, optamos por colaborar, 2+2 sería 5. Las sociedades en las que predomina el respeto a las ideas distintas y el deseo de, a pesar de ello, lograr acuerdos mínimos, aumenta la probabilidad de elevar el bienestar de todos, en especial de los más vulnerables. ¿Cómo lograrlo?

En la economía es muy claro lo anterior. Me parece que hay varias formas de bajarle tono al asunto. En primer lugar, la economía no funciona en un vacío, sino en una realidad concreta que tiene distintas dimensiones, como la institucional, la política, la histórica, etc. Si no se toman en cuenta esos aspectos, cualquier estrategia económica puede fallar. Por eso es que, en nuestra historia, esquemas intervencionistas y liberales no han logrado elevar el bienestar de los más vulnerables. Necesitamos pelear menos y escucharnos más.

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En segundo lugar, más allá de ideologías, ¿por qué no revisamos lo que funciona y lo que no funciona? Usemos a nuestra propia historia económica y política como referente. Preguntemos. Por ejemplo, ¿por qué falló la estrategia usada durante el período 1985-90? Lo que estuvo mal no lo volvamos a hacer. ¿Existe en el Perú, como lo indican las constituciones de 1979 y 1993, una economía social de mercado? Desde luego que, para eso, tenemos que saber qué se hizo entre 1985 y 1990 para el primer caso y qué es una economía social de mercado para el segundo. ¿Estamos seguros de que lo tenemos claro?

En tercer lugar, no hay dudas de que la corrupción es un lastre, pero, ¿por qué existe? Todos creen tener respuestas simples, pero la realidad es mucho más compleja. Sostengo que en Perú existe una economía de contactos, en la que solo la pasan bien quienes tienen privilegios o contactos con funcionarios que inclinan la balanza hacia un lado. Y en ese entorno, ni el mercado ni el Estado pueden funcionar. Ninguno de los dos. No estamos en una realidad donde el esfuerzo propio o los méritos sean la clave. Importan más las relaciones con el poder de turno. Y eso no se llama economía social de mercado ni socialismo, sino mercantilismo, y lleva a la corrupción. Y eso es lo que hay que desaparecer.

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