(Fotos: archivo GEC)
(Fotos: archivo GEC)

El Gobierno ha mandado al Congreso un proyecto de ley para evitar que personas que trabajen en el sector privado puedan acceder a cargos en la administración pública.

Se plantea que los directores, representantes legales, apoderados, asesores, consultores, de empresas que deseen trabajar en el aparato del Estado, tienen que finalizar su vínculo laboral UN AÑO ANTES de ser contratados.

Igual ocurre con una persona que ha tenido una posición importante en una entidad del Estado, no podrá trabajar en una entidad privada relacionada con el sector donde estaba laborando, hasta un año después de haber dejado el sector público.

Si bien este último impedimento ya existía, la limitación de no estar trabajando para ingresar al Estado se convierte en una garantía para que solo sean funcionarios públicos los incapaces que no consiguen trabajo.

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Es una norma que va a privar al sector público de talento. He tenido la oportunidad de convencer personas que estaban trabajando en empresas para que lo hagan para el Estado y su participación fue muy significativa para el éxito de los programas de vivienda.

Ahora que solo se puede contratar a gente desempleada, podemos imaginarnos el perfil de personas que veremos en la administración pública. Ya este gobierno nos ha dado un adelanto con los nombramientos que ha hecho en estos 100 días. Nunca hemos visto gente nombrada con tal cantidad de acusaciones, investigaciones, antecedentes, etc., que nos ha dejado a todos sorprendidos e impactados.

Con toda seguridad, con esta norma vamos a bajar la calidad de la gerencia pública y, por tanto, la capacidad del Estado de brindar los servicios que el ciudadano tanto requiere.

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