(Foto: GEC)
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Nuevas investigaciones periodísticas revelan la declaración de un colaborador eficaz que compromete a una congresista de Perú Libre, Lucinda Vásquez, y a la hija del ministro de Educación, Ynés Gallardo, en la filtración del examen de nombramiento de docentes. Lo que hace creíble el testimonio es que se brindó a la Fiscalía Anticorrupción de San Martín un día antes de la evaluación docente.

No podemos aproximarnos a esta información de manera aislada, debemos hilvanarla con otros hechos que, a la postre, terminan de otorgar verosimilitud al testimonio citado. Ya antes el ministro Gallardo había propuesto eliminar la evaluación porque, para él, la docencia en el aula califica a los maestros y no es necesario exponerlos a “la vía crucis de la zozobra y de la incertidumbre” de los exámenes. Por eso planteó que los nombramientos de docentes contratados sean automáticos; sin embargo, como solo el Congreso puede modificar la Ley de Reforma Magisterial, su propuesta fue meramente enunciativa y quedó flotando en el éter.

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El ministro es, además, cercano a la Fenatep (fundada por el presidente Castillo en 2017), que enarbola de manera abierta la bandera de la contrarreforma. De hecho, investigaciones previas revelan que antes de ser ministro buscó, junto con la Fenatep, presionar para desandar la reforma magisterial. Tampoco podemos soslayar que no sucedía una filtración de esta magnitud hace ocho años.

Aunque es prematuro sacar conclusiones categóricas, llama poderosamente la atención el contexto en el que sucede esta filtración. Solo la investigación fiscal y administrativa ayudarán a dilucidar lo que sucedió. Mientras tanto, la responsabilidad política del ministro es insoslayable y su salida del ministerio se vuelve un imperativo. Ya de por sí el conflicto de intereses que tiene por su cercanía con la Fenatep hacía de su permanencia en el ministerio una afrenta para la viabilidad de la educación de calidad en el país.

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