(Foto: archivo Twitter MTC)
(Foto: archivo Twitter MTC)

En una decisión que resulta inexplicable, ayer el Congreso no aprobó la moción de interpelación en contra del ministro Juan Francisco Silva. Entre otras cosas, el titular de Transportes busca desbaratar la reforma de transporte en Lima con su propuesta para prorrogar las autorizaciones de rutas para combis por 10 años más y con su ofrecimiento para amnistiar las multas de los transportistas. Además, Silva viene poniendo a personajes cuestionados e incluso prontuariados en distintos puestos al interior del Ministerio (el director ejecutivo de Provías Descentralizado tiene nueve procesos penales y la hasta hace dos días jefa de la Sutran tiene tres denuncias policiales por robo). El mismo ministro Silva tiene una multa sin pagar por prestar el servicio de transporte colectivo sin autorización.

El Congreso ha decidido rehuirle a su rol fiscalizador y de control político para dejarnos a merced de un gobierno que transa con la informalidad en desmedro de la ciudadanía. Ya de por sí el letargo para reaccionar frente a designaciones ministeriales cuestionadas (Silva y Gallardo, antes Barranzuela y Maraví) era desconcertante. Más aún cuando el Reglamento del Congreso concede un atajo para defenestrar a ministros cuestionados: se les puede citar para que informen en el Pleno y tras ello se puede presentar una moción de censura sin pasar por una interpelación.

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Pero oponerse a interpelar al ministro Silva va más allá de una simple parálisis y falta de reflejos, es un rechazo explícito a ponerle coto a los afanes del gobierno de desandar una reforma crucial para el país. ¿Y ahora quién defenderá a los ciudadanos? Merecemos explicaciones.

PD: las bancadas que votaron en contra de la moción de interpelación fueron Perú Libre, Podemos y el otrora partido de izquierda democrática e institucional, Juntos por el Perú; se abstuvieron Fuerza Popular, Acción Popular y Alianza para el Progreso.

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