(OPINIÓN) Camila Bozzo: Primero a reparar el desastre ecológico

Con el pasar de los días, hemos constatado que el derrame de petróleo en uno de los terminales de la refinería La Pampilla (de la multinacional Repsol), en un inicio minimizado por la misma empresa, se ha convertido en un desastre ecológico sin parangón en tiempos recientes en las costas peruanas. Según el OEFA, la zona afectada es de 1 millón 739 mil metros cuadrados, se han dañado 21 playas, flora y fauna (aún no cuantificada) de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, de la Zona Reservada de Ancón e Islotes de Pescadores, y se ha afectado el trabajo de los pescadores artesanales de la zona.

La empresa desde un inicio ha sostenido que no es responsable. De hecho, la gerenta de Comunicación y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, Tine van den Wall Bake, insistió el miércoles en que ellos no son responsables del desastre ecológico y que continuaron con la descarga de petróleo por la información que recibieron de la Marina en el sentido de que no habría tsunami. ¿Y el afán de prevención? ¿Acaso no era razonable parar la descarga sabiendo que había oleaje anómalo?

Más allá de las responsabilidades administrativas e incluso penales que tienen que determinarse en el mediano plazo, lo que urge y a lo que debe abocarse la empresa es a reparar el daño, a limpiar las zonas afectadas; debe hacerlo de inmediato para evitar que el petróleo siga avanzando. También deben asumir su responsabilidad ante los pescadores artesanales que han visto su trabajo afectado por un periodo de tiempo aún no determinado.

Por el lado del Estado, todo indica que no hay una metodología para valorizar daños ecológicos de esta naturaleza, ni una regulación clara para tratar un daño como este. Esto resulta lamentable dado que en la selva han ocurrido cientos de derrames en el Oleoducto Norperuano y los lotes petroleros (474 entre 2000 y 2019, según un informe de Mongabay). Este desastre ambiental debería servir para corregir la ausencia de protocolos y regulación, así como la inoperancia estatal frente a sucesos de esta magnitud.