[Opinión] Camila Bozzo: Algunos apuntes

Cuando el presidente Castillo inició su mandato, tuvo la oportunidad de convocar a un gabinete solvente y de ancha base, y de forjar alianzas con las bancadas de “centro” (centro es un eufemismo paradójico en estos días). Optó, sin embargo, por quedarse acuartelado en la ladera de Cerrón. Hoy, después de nueve meses de gobierno, ha entrado a un punto de no retorno: está profundamente aislado, y su permanencia en el poder pende de un hilo que está en manos de Cerrón. Un giro en la conducción del gobierno implicaría enemistarse con quien sostiene su precaria permanencia en Palacio.

Aislado, desbordado ante la vastedad del encargo y arrinconado por la Fiscalía, solo le queda sobrevivir. Y como la perentoriedad a uno suele volverlo temerario, para hacerlo parece haber optado por radicalizar su prédica polarizante y divisoria.

La propuesta de reforma constitucional para convocar una Constituyente (archivada ayer por la Comisión de Constitución) nunca tuvo posibilidades de prosperar, pero es la coartada perfecta para trasladar la responsabilidad de la precarización de las condiciones de vida y del deterioro de los servicios públicos al modelo económico y al Congreso.

Con esta radicalización se busca recuperar capital político y extender un mandato en franca caída libre. Este es un plan muy ambicioso para la poquedad demostrada por este gobierno y solo servirá para crispar más los ánimos y exacerbar a un sector de la población.

Desde que la reforma universitaria se aprobó hace casi ocho años, han existido intereses en el Congreso que han buscado desmantelarla. Se han promovido desde proyectos de ley para flexibilizar las exigencias de calidad, hasta la creación de comisiones investigadoras de la labor de la Sunedu. Ese ímpetu antirreformista, sin embargo, nunca antes había llegado tan lejos. El Congreso actual ha aprobado en segunda votación una ley que modifica la composición del Consejo Directivo de la Sunedu para que las universidades tengan tres de siete representantes en él. Con esto se le resta autonomía a la Sunedu, y se regresa a la nociva autorregulación. Esto representa una afrenta para la educación de calidad y confirma que al Congreso, un ensamblaje de intereses y agendas propias, el interés público le sabe a nada.