(Foto: Fernando Sangama/El Comercio)
(Foto: Fernando Sangama/El Comercio)

El programa Cuarto poder ha revelado que el presidente Castillo venía despachando furtivamente en el mismo local de Breña que lo cobijó del escrutinio público durante sus primeros días de gobierno. Acorazado en el más procaz oscurantismo: de noche, sin la existencia de un registro de las reuniones y, mucho menos, de una agenda pública con los objetivos de estas.

Estas reuniones clandestinas, que a todas luces violan las normas de transparencia pública, deberán investigarse por la Contraloría y el Ministerio Público para determinar si algún particular salió beneficiado. Las revelaciones sobre el tráfico de influencias en el que habría incurrido el exsecretario general de Palacio Bruno Pacheco y el hallazgo de 20 mil dólares en el baño de su oficina vuelven particularmente importantes estas pesquisas.

Pero, más allá de ello, las reuniones demuestran el afán del presidente por gobernar a espaldas de la ciudadanía a la que debería rendirle cuentas, un afán que se observa de múltiples formas. Desde el amague para convertir Palacio en un museo y trasladar la administración de gobierno a un domicilio privado, pasando por sus negativas a dar entrevistas a los medios de comunicación, hasta sus lacónicos y morosos tuits para comunicar decisiones importantes de gobierno o aclarar asuntos de naturaleza política que ameritarían una respuesta extensa y perentoria.

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El paradigma moderno de la democracia constitucional considera imprescindible a la transparencia y a la rendición de cuentas en el ejercicio del poder. A través de ellas se fomenta la participación política de los ciudadanos y se les permite monitorear las acciones del gobierno. ¿Si no existe transparencia, cómo sabemos lo que están haciendo quienes nos gobiernan? ¿Cómo sabemos cómo se están manejando los recursos públicos?

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